Tras años de discusión y debate entre las diversas fuerzas políticas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, esta semana, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó el decreto de la reforma constitucional en materia política; el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Con esto, se aprobó un paquete de ocho cambios lo cual excluye una serie de medidas exigidas por diversos sectores de la sociedad y que no lograron el consenso de todos los partidos políticos con representación. La reforma política aprobada pone en vigor: i) la iniciativa ciudadana; ii) las candidaturas independientes (a partir de 2015); iii) la consulta popular; iv) la iniciativa preferente del Presidente de la República; v) agregan un mes (a octubre) el plazo de revisión de la Cuenta Pública; vi) la ratificación por el Senado de integrantes de los órganos reguladores del Estado en materia de Telecomunicaciones, Energía y Competencia Económica; vii) se establece el mecanismo de sucesión en caso de falta absoluta de titular del Poder Ejecutivo, y viii) alternativas para la toma de protesta al Presidente de la República.
En contraste, excluye el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la reelección legislativa y de alcaldes, la segunda vuelta electoral, el presupuesto participativo, la reducción del número de legisladores plurinominales, la ley de partidos políticos, la transparencia de sindicatos, el endurecimiento en el manejo presupuestal de los estados e incluso una Constitución para el Distrito Federal. Paradójicamente, en las plataformas de campaña del pasado proceso electoral, todos los candidatos prometieron hacer una reforma política de fondo en la que se incluyeran la mayoría de los cambios excluidos.
La reforma política tuvo su inicio en 2007 por iniciativa del Senador priísta Manlio Fabio Beltrones. A finales del 2009, el Presidente Calderón presentó una propuesta en la materia que pretendía centrar su objetivo en la participación ciudadana. En abril de 2011 esta propuesta fue analizada y enriquecida por el Senado, sin embargo, un año después, la Cámara de Diputados la publicó con serias modificaciones que dejaron fuera cuestiones indispensables para un cambio en el funcionamiento del sistema político mexicano.
Ante esto, se vislumbra que en la próxima Legislatura se subsanen los vacíos de este marco jurídico. La reforma política no es la única que está contemplada en la agenda que viene. Los próximos coordinadores del PRI en el Senado y Cámara de diputados ya anunciaron que promoverán la llamada Ley Anticorrupción propuesta por el candidato Enrique Peña Nieto, de cuyo alcance hasta ahora se sabe muy poco.
Paralelamente, se habla de una necesaria reforma electoral que tome en consideración aspectos evidenciados en el proceso electoral 2012, tales como el perfeccionamiento de las medidas de fiscalización a partidos políticos (con un enfoque preventivo), la mejora del esquema de acceso a medios de comunicación en tiempos electorales y el refuerzo de medidas que tiendan a combatir el clientelismo electoral.
El combate a la corrupción cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas aunque las estrategias contempladas varían mucho entre un partido y otro. Problemas como el soborno, el nepotismo, el tráfico de influencias y la opacidad en el manejo de recursos públicos se encuentran presentes en todos los niveles de gobierno ante lo cual se ha aplaudido las iniciativas tendientes a fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia.
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) menciona esta semana que en los primeros cuatro meses del 2012 la extorsión creció 20.41% en relación con los últimos cuatro de 2011 (ver informe en http://www.onc.org.mx/). Las entidades con mayor incidencia fueron Puebla, Nuevo León, Hidalgo, Distrito Federal y Sonora. Por lo tanto, si en la agenda que viene se incluye el tema de la corrupción, se habrán de hacer cambios que impliquen el diseño de una política completa y articulada de rendición de cuentas.
