La semana pasada un grupo de periodistas dio a conocer que durante 2016 y 2017 se intervinieron más de 15 mil teléfonos a través del programa “Pegasus”, un software de espionaje que en la administración de Enrique Peña Nieto generó un gran escándalo porque dentro de las intervenciones se incluían a personas activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Esto no sólo constituyó una violación a su derecho a la intimidad, sino que también incrementó el riesgo de vulnerabilidad en el que ya se encontraba este grupo de personas por el contexto de violencia en nuestro país, poniendo en peligro su integridad física y hasta su vida.

Dicha situación trajo consigo la exigencia a esta nueva administración de tomar cartas en el asunto, comenzando por la transparencia y divulgación de los contratos con el fin de conocer qué otras entidades públicas adquirieron este software, qué servidores y servidoras públicas estuvieron involucradas, por qué motivos los adquirieron, durante qué periodo estuvo vigente el programa “Pegasus” en México y qué cantidad de recursos públicos se ejercieron, así como las posteriores investigaciones por el uso ilegal de esta herramienta.

La transparencia de estos contratos no solo es relevante para esclarecer los hechos de espionaje que afectaron los derechos humanos de distintas personas, también lo es para la sociedad, porque el fin de las contrataciones públicas es poder utilizar las mejores herramientas, bienes y servicios a favor del interés público y de la garantía derechos, no para violentarlos, como fue en este caso.

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Fuente: Animal Político