La primera fase del proceso electoral se ha cumplido. La liturgia inició conociendo a los aspirantes, y luego siguieron el proselitismo interpartidario de las precampañas, la selección de candidatos observando el principio de paridad de género, el registro de candidatas y candidatos,  con y sin partido, ante el IEEH, y el inicio de las campañas político-electorales a la gubernatura, a las diputaciones y a los ayuntamientos municipales.

En este escenario, la contienda política se distingue por la proximidad de partidos y candidatos, con la ciudadanía, donde la manifestación de vínculos de confianza, socializan la oferta política y la retroalimentan con las aspiraciones ciudadanas.

Este proceso constituye una oportunidad para replantear lo hecho hasta ahora y promover los cambios que demandan que la democracia deje de ser un debate social interrumpido, por ignorar que la autodeterminación colectiva y la comunicación con los representantes políticos, es una prioridad para legitimar el proceso de toma de decisiones.

Este déficit político de la democracia, debe aleccionar a la clase política para abrir los ojos ante el quebranto de la realidad social, donde ciudadanos desatendidos e ignorados, que no han sido escuchados, limitan y obstruyen el principio de la participación ciudadana en la soberanía del Estado.

La exigencia del tejido social a la clase política no estriba exclusivamente en hacer propuestas de planes y programas de desarrollo, sino en afianzar la ciudadanización de las estructuras públicas, comunitarias y vecinales.

Es en este contexto político, que el país vive un proceso electoral donde partidos y candidatos enfrentan el desafío social de edificar una “Agenda Ciudadana para la Construcción de un Porvenir Posible”.

La integración de esta agenda ciudadana, exige de partidos políticos, candidatas, candidatos y ciudadanía, voluntad y capacidad para escucharse, entenderse y atenderse; activar la corresponsabilidad y el compromiso de un trabajo conjunto: y evitar caer en la simulación que tanto descrédito ha acarreado al sistema político.

La propuesta de Inteligencia Electoral (www.inteligenciaelectoral.org.mx), prescribe una agenda ciudadana que incorpora 38 objetivos y 13 proyectos estratégicos para la atención de las problemáticas y la demanda social, articulados en torno a 6 ejes temáticos: Desarrollo Social; Desarrollo Económico; Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable; Seguridad y Justicia; Gobernabilidad y Gobernanza; Agenda Internacional; y un apartado de Proyectos Estratégicos.

En esta entrega nos referimos al desarrollo social y económico, como puntos de partida de esta agenda ciudadana.

El desarrollo social es percibido como la necesidad impostergable de privilegiar la construcción de oportunidades a través de la equidad armónica de las condiciones de vida de la ciudadanía.

Comprende la atención de fenómenos como la pobreza, desigualdad, exclusión y marginación de distintos estratos vulnerables de la sociedad, como los pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, la niñez, adolescencia y juventud, de modo que podamos contar con un escenario de disfrute del acceso a los derechos garantizados normativamente para todos: la alimentación, la salud, la educación, la cultura, el deporte, etcétera.

Los desafíos en esta materia radican en hacer operativas las demandas ciudadanas, construyendo respuestas y soluciones a las necesidades, para impactar y estabilizar las expectativas sociales, procesar conflictos, e incrementar la corresponsabilidad en la toma de decisiones.

Por lo que respecta al desarrollo económico, este se caracteriza por el impulso y la visión social que exige generar oportunidades sustentables de crecimiento simétrico, a partir de las actividades, fuentes, y vocaciones económicas, como las agropecuarias, pesca, industria, comercio, turismo, ciencia y tecnología; donde la inversión productiva no sólo genere empleos, sino retribuciones económicas de calidad, y la consecuente redistribución del ingreso sea consustancial a políticas,  planes y programas económicos.

La operatividad del desarrollo económico, debe privilegiar como primer eslabón de la cadena económica-productiva a los seres humanos. La dimensión del desarrollo gubernamental, debe girar en la construcción de mecanismos que valoran la fuerza del trabajo, fortaleciendo las estructuras de una sociedad que se revitaliza de las relaciones de mercado y no a la inversa. Debe primar el principio de equidad para propiciar estabilidad social.

Estos planteamientos deben fundarse en principios que incentiven la cohesión social que debe primar en el quehacer público. El proceso electoral, debe horizontalizar y abrir las campañas políticas a la voz ciudadana. Se requiere que partidos y candidatos edifiquen planes y programas ciudadanizados, ya que el actor protagónico es el ciudadano y su demanda social debe ser encauzada en la co-creación de la propuesta y en la corresponsabilidad  del ejercicio gubernamental.

Esta circunstancia tiene que considerar que las dimensiones de la realidad social no son uniformes; que cada contexto al ser particular y específico, debe analizarse para propiciar la intervención directa de los sujetos sociales en el debate del quehacer público.

Los candidatos deben entender que el debate político es un debate social que no se circunscribe a una confrontación personal, sino a la construcción de un diálogo cooperacional, que integre las bases del futuro ejercicio de gobierno. En este sentido, la interlocución entre candidatos y ciudadanos debe primar como instrumento de acción política.

Ello impone privilegiar la participación ciudadana y socializar la comunicación gubernamental, para que las plataformas electorales constituyan la auténtica expresión de contenidos y demandas sociales en el ejercicio público, y no admitan la fragmentación de la corresponsabilidad en la toma de decisiones entre candidatos y ciudadanía.

El rumbo y sentido electoral de la participación ciudadana, requiere el establecimiento de compromisos partidistas claros en la concreción de la oferta política. Las expectativas ciudadanas de redistribución del poder político han aumentado significativamente como variable de legitimidad y confianza pública.

Si la capacidad orgánica de los órganos del poder público obstruye el posicionamiento y la participación ciudadana en la institucionalidad, no existe futuro posible para la democracia y el ejercicio gubernamental.

Es tiempo que la clase política muestre madurez y compromiso social. La construcción de una agenda ciudadana desde la contienda electoral, marca un solo desafío: hacer que la “real politik”, admita a la participación y voz ciudadana, como guía de toda prescripción en el ejercicio de gobierno.

Agenda

  • El Presidente Peña Nieto en la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), planteo la flexibilización del uso de la marihuana en tratamientos médicos y de investigación, y el manejo de las adicciones como un problema de salud pública, lo que significa un giro de la política antidroga de México.
  • En visita de Estado, el Primer Ministro Italiano, Matteo Renzi se reunió con el Presidente Peña Nieto para desarrollar una Agenda de cooperación económica y de seguridad México-Italia.

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