El martes pasado, mientras en el pleno de la Cámara de Senadores se desarrollaba un sainete más de los que marcan nuestra enrarecida vida política, en el sótano del mismo edificio, gracias al auspicio del Instituto Belisario Domínguez del mismo Senado, el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización presentó su segundo informe, con la participación de María Elena Morera, principal impulsora de esta iniciativa de la sociedad civil para darle seguimiento al proceso de despliegue del cuerpo de seguridad creado durante este gobierno por designio presidencial. También comentamos el documento la senadora Claudia Ruiz Massieu, el senador Emilio Álvarez Icaza, Alejandro Hope, consultor en materia de seguridad, y yo. Reproduzco aquí algunas de mis notas.

Lo primero que deja claro el informe es que ha habido una decisión expresa del Presidente de la República, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina y los sucesivos secretarios de Seguridad Ciudadana de violar sistemáticamente el artículo 21 constitucional reformado para crear la Guardia Nacional.

López Obrador presentó un proyecto, reflejo de su pacto político con las fuerzas armadas, para crear un cuerpo militarizado que sustituyera a la Policía Federal civil, a la cual descalificó por corrupta sin presentar ningún estudio de evaluación de su desempeño ni, por supuesto, ninguna denuncia formal. El Constituyente Permanente, sin embargo, no complació al Presidente y creó la Guardia como un cuerpo de seguridad civil, bajo mando civil y con criterios de profesionalización de carácter policial, no militar. Eso al presidente no le gustó y simplemente decidió violar abiertamente el mandato constitucional.

El informe muestra que la Guardia Nacional no es otra cosa que una fachada para continuar con el despliegue del control territorial de los militares. A los policías federales incorporados al nuevo cuerpo se les ha marginado y se ha despreciado su entrenamiento, mientras que no queda clara la capacitación que han recibido los soldados comisionados a la guardia, pues en diversos documentos las horas lectivas varían y, a pesar de las solicitudes de información, solo se enumeran genéricamente los temas supuestamente comprendidos en los cursos.

Nunca tuvo el Presidente de la República la intención de acatar el mandato constitucional de crear un cuerpo civil. Utilizó el artículo 5º transitorio del decreto de reforma como subterfugio para el nombramiento de mandos militares para la Guardia Nacional y en la mejor tradición de cumplimiento simulado de la legalidad, tan arraigada en el presidencialismo mexicano, emitió un acuerdo para usar a la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad que solo enumera los mismos requisitos establecidos en la disposición constitucional transitoria sin explicitar la forma de cumpliros. Lo más grave es que está decidido a violar también el mandato constitucional en lo que toca al retiro completo del despliegue castrense dentro de 769 días, pues no existe ningún plan para su acatamiento.

El informe también refleja la opacidad con la que se ha manejado todo el proceso de construcción de la Guardia, con información contradictoria e incompleta cuando es entregada o publicada. También es evidente la falta de criterios claros para su despliegue. Eso sí, el número de elementos ha crecido con rapidez, hasta más de cien mil, pero en realidad no son otra cosa que soldados y marinos con el uniforme cambiado, pues ni siquiera su adscripción administrativa ha pasado a ser civil. El Presidente y los mandos militares simplemente han porfiado en su intención de crear un nuevo cuerpo castrense y han despreciado absolutamente la decisión del poder legislativo.

La reiterada violación constitucional ha contado con la aquiescencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues con su dilación para resolver sobre la controversia constitucional planteada por la presidencia de la Cámara de Diputados contra el acuerdo presidencial para el uso de la fuerzas armada permanente de mayo de 2020 ha resultado cómplice de una estrategia claramente militarista que se suma a un proceso de desmantelamiento del Estado civil y su sustitución por la administración militar de una serie de funciones estatales relevantes: al menos 246, de acuerdo con el inventario de lo militarizado elaborado por el Programa de Política de Drogas del CIDE y México Unido Contra la Delincuencia.

Tampoco son claras las funciones que desempeña la soldadesca disfrazada de Guardia. Hacen de todo, menos ser eficaces en la reducción de la violencia y la contención de los delitos. La actuación de la Guardia Nacional es tan reactiva como lo han sido las del Ejército y la Marina desde el comienzo de su despliegue generalizado durante el gobierno de Felipe Calderón. Solo unas cuantas de sus operaciones responden a mandatos ministeriales o judiciales, mientras la mayoría son producto de patrullajes de rutina. Queda claro que, a pesar de la aterradora tasa de homicidios del país –alrededor de 30 por cada cien mil habitantes– la Guardia Nacional no investiga los asesinatos y no detiene a sus perpetradores.

La contumacia presidencial lo ha convertido en un violador reiterado de la Constitución en su política de seguridad, con resultados por lo demás pobres. Sin embargo, con una Corte obsecuente y un Poder Legislativo plegado a los designios presidenciales, que ha renunciado completamente a su papel en la rendición de cuentas del ejecutivo, la violación constitucional queda completamente impune, como ha ocurrido desde los tiempos del porfiriato.

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