El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inhibe el flujo de información sobre temas relevantes como la seguridad nacional, denunció el jueves el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
“Las crecientes limitaciones sobre el acceso a información que es de interés público, son actos que coartan una discusión libre y abierta necesaria en una democracia”, dice un comunicado de la organización internacional dedicada a defender la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo.
La CPJ recomienda a Obama garantizar que los periodistas no serán procesados por recibir información clasificada, confidencial o secreta, así como tener una actitud “más comunicativa” sobre la actividades de la Agencia de Seguridad Nacinal (NSA, por sus siglas en inglés).
La NSA ha sido foco de atención internacional desde que el excontratista de la agencia Edward Snowden filtró documentos clasificados que dan cuenta de programas de espionaje a ciudadanos estadounidenses y gobernantes de otros países.
La organización sin fines de lucro también pide limitar las atribuciones del Departamento de Justicia, que actualmente le permiten obtener registros y documentos de periodistas, y dejar de formular cargos por delito de espionaje contra quienes filtran información clasificada.
Estados Unidos busca actualmente juzgar a Snowden por filtrar información. Recientemente el Ejército estadounidense condenó a 35 años de prisión al soldado Bradley Manning por entregar información de esa institución al sitio dedicado a revelar datos clasificados WikiLeaks.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, vive asilado en la embajada de Ecuador en Londres por temor a que Gran Bretaña lo extradite a Estados Unidos para ser juzgado por dar a conocer la información revelada por Manning, incluidos informes sobre las guerras en Iraq y Afganistán.
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) está tratando de bloquear la publicación de un libro escrito por un trabajador de la misma sobre la polémica operación Rápido y Furioso, a través de la cual esa agencia permitió el tráfico de 2,000 armas a México que llegaron a menos de cárteles de la droga.