Ante la crisis de seguridad y justicia que atraviesa el país, hoy más que nunca es clara la urgencia por transformar la impartición de justicia puesto que el problema que enfrentamos no es de tipo coyuntural, sino sistémico. Así lo manifestó Verónica Baz, directora del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., CIDAC, durante la presentación de la segunda edición del reporte de hallazgos sobre los avances en la implementación y operación de la reforma penal en México.
A menos de 2 años de cumplirse el plazo constitucional para la operación total del nuevo sistema de justicia penal en México, nos encontramos en una etapa que se caracterizará por la rapidez de los cambios. Ante las prisas de dicho escenario, se corre el riesgo de que el resultado sea una implementación deficiente.
Es en este contexto que CIDAC presentó el reporte que evalúa condiciones para implementar el nuevo sistema de justicia penal en 32 entidades, las características que habilitan la operación de al menos un año para 16 entidades y, por primera ocasión, los resultados de la operación en 5 entidades. Además, se integra a este reporte una evaluación de 5 instituciones federales involucradas en dicho proceso de reforma.
En este reporte se da cuenta del punto de inflexión que significó la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), al reemplazar a los 32 códigos procesales locales y al código procesal federal. Si bien estos cambios normativos son positivos, pues abonan a la homologación de la procuración y la administración de justicia en el país, hay tareas pendientes tanto a nivel local como federal. En este sentido, al no contar con planes específicamente diseñados para guiar la transición entre los códigos procesales vigentes, se presenta el reto de la atención simultanea de los asuntos penales con hasta tres diferentes procedimientos. Ante esto la directora del proyecto, María Novoa, enfatizó que la armonización normativa tanto por los Congresos como al interior de las instituciones es la tarea impostergable.
En el ordenamiento que CIDAC elaboró por segundo año consecutivo se observa que, a pesar de los esfuerzos realizados, ninguna entidad federativa logra el estándar establecido para el periodo 2014. Únicamente Chihuahua, Baja California y Guanajuato superaron el estándar del año anterior, y a pesar de que en el total Baja California y Chihuahua siguen siendo las entidades mejor calificadas, su avance no es tan amplio. Por su parte, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro y San Luis Potosí tuvieron un incremento en su puntuación de más del 50% respecto al año anterior.
Con base en la metodología desarrollada por CIDAC, se realizó también un ordenamiento de las cinco instituciones federales involucradas en el proceso de reforma del sistema de justicia penal. Este ranking se refiere únicamente al lugar que ocupa cada institución en relación con los “Condicionantes de la implementación” definidos por CIDAC…
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