Una popular y cómica pregunta sirve para ejemplificar el dramático estado en el que se encuentra la sociedad mexicana frente a sus instituciones públicas y frente al ejercicio y defensa de sus derechos.
Como país no hemos consolidado la fuerza institucional de los organismos reguladores o de control gubernamental, como los protectores de los derechos humanos, los que son garantes del acceso a la información, los que vigilan el correcto ejercicio de los recursos públicos, entre otros.
En las últimas décadas hemos ido “ciudadanizando” instituciones clave en temas prioritarios como para alejarlos de los vaivenes políticos, pero no lo hemos logrado. Las elecciones, los derechos humanos, el acceso a la información, entre otros temas, siguen bajo el yugo del poder político y no se vislumbra forma alguna de que sea diferente.
Las razones son múltiples, entre ellas podemos destacar que son capturados por parte de intereses partidistas desde su nombramiento, que llegan a sus filas personas sin las suficientes competencias o, siendo muy preparadas, traen la consigna de sumir a estos organismos en una depresión institucional.
Un organismo defensor de la sociedad sin capacidades suficientes, por más constitucional autónomo que sea, no logrará su cometido. Por el contrario, progresivamente perderá su credibilidad y legitimidad social.
El riesgo es que tarde o temprano los detractores de estas instituciones “ciudadanas” y quienes son adoradores del ejercicio discrecional y sin control del poder (incluyendo sus abusos) pugnarán por su desaparición con el clásico “no sirven para nada”.
Mientras, el panorama no es el mejor.
La nueva ley de amparo, tan “cacareada” y presumida por nuestros legisladores es hermosa e inspiradora en el papel, pero inaplicable en la realidad. Me refiero al “interés legítimo” y cómo el Poder Judicial dinamitó la posibilidad de darle más herramientas a la sociedad para que se defienda ante decisiones públicas que sienta le afectan.
El #NuevoIFAI, por su parte, el día de ayer evidenció que para estar a la altura de las circunstancias que exige la sociedad en la defensa de sus derechos hace falta mucho más que tener autonomía, nuevos integrantes y facultades suficientes. Hace falta ejercerlas, tener las manos libres.
En palabas simples, se negó a ejercer su facultad para presentar una acción de inconstitucionalidad para pedir que la Suprema Corte analizara la constitucionalidad de la famosa Ley Telecom, específicamente en lo que se refiere a la geolocalización de los teléfonos celulares y el acceso de “autoridades” (así de general) a todos los detalles de nuestras conversaciones y comunicaciones.
Un tema de datos personales relevante y sensible, en el cual el IFAI no debía necesariamente determinar su constitucionalidad, sino solamente requerir a la Corte analizar el asunto. Los comisionados decidieron simplemente no molestar a los ministros.
Ecocidio en el Rio Sonora
Ejemplos sobran para demostrar que la entrega de funciones y responsabilidades públicas a privados para su ejecución (llámese subrogar, concesionar, etcétera) no tiene el éxito que se espera. Por el contrario, múltiples sucesos evidencian que es sumamente riesgoso por la débil capacidad gubernamental de regularlos y controlarlos.
No me malentienda, estoy a favor de la sinergia entre el sector privado y el público para potenciar a éste último, por ejemplo en las alianzas público-privadas para construir infraestructura estratégica. A lo que me refiero es que tenemos gobiernos incapaces de vigilar adecuadamente a los agentes privados en el óptimo desempeño de sus objetivos. Su capacidad reguladora es, por decir lo menos, una mala broma.
El “accidente” que generó la contaminación del Rio Sonora es ejemplo claro en donde hay un actor privado negligente y actores públicos incapaces de controlar y regular sus actividades a tal grado de evitar sucesos con consecuencias tan devastadoras como estos.
Lo que sí es una constante es que los afectados, tanto nuestro medio ambiente como quienes viven de ese río, no tienen garantías de nada. Incluso ni usted ni yo ni nadie, tenemos certeza en que las cosas están funcionando como deben… hasta que sucede un evento de esta magnitud.
A los privados negligentes seguramente les tocará una multa de risa; a los agentes públicos, dudo les toque alguna responsabilidad. Ahí sí, a los afectados ni garantía de no repetición y mucho menos reparación del daño. A esos ¿quién podrá defenderles?
Fuente: El Imparcial