Bernardo Arévalo llegó a la presidencia de Guatemala en medio de una ola de descontento por la corrupción. Pero tras 100 días de gobierno, la lucha contra la corrupción del nuevo presidente se ve superada por una enérgica campaña contra la extorsión y el narcotráfico.
Arévalo, quien asumió el cargo en enero, ha dicho que su gobierno «no tolerará la corrupción». Pero su administración aún no ha anunciado un plan comprehensivo para hacer frente a esta problemática. Algunas promesas electorales –como la creación de nuevos organismos anticorrupción, una policía antisoborno y leyes para impedir que los funcionarios corruptos ocupen cargos públicos– brillan por su ausencia en el plan de 100 días del presidente.
En su lugar, el nuevo gobierno se ha centrado en sacar a la luz esquemas de corrupción organizados durante la administración del predecesor de Arévalo, el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024). El presidente también ha arremetido contra la controvertida fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, cuya oficina intentó en repetidas ocasiones bloquear una transición ordenada del poder.
Aunque todavía está buscando la manera de combatir la corrupción, Arévalo se ha lanzado de lleno a la seguridad. Las autoridades han emprendido una agresiva lucha contra la extorsión, mientras que una serie de importantes incautaciones de cocaína han eclipsado las operaciones antinarcóticos del gobierno anterior.
A continuación, InSight Crime recapitula los primeros meses de Arévalo en el gobierno y sus estrategias iniciales para hacer frente a la corrupción y el crimen organizado.
Desenterrando la corrupción del pasado
Arévalo se enfrenta a una ardua batalla en la lucha contra la corrupción. El presidente heredó un sistema judicial débil. Su partido, el Movimiento Semilla, tiene un bloque minoritario en el congreso y puede encontrar dificultades para aprobar reformas anticorrupción.
Con herramientas limitadas, las primeras maniobras anticorrupción de Arévalo se han basado en los poderes ejecutivos.
En febrero, su gobierno puso en marcha la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), una versión renovada de una comisión presidencial creada por Giammattei. A principios de marzo, la CNC había empezado a trabajar con los ministerios para sacar a la luz posibles actos de corrupción –sobre todo en los sectores de obras públicas, sanidad y educación– vinculados a funcionarios de la época de Giammattei.
Los funcionarios iniciaron rápidamente una revisión de más de 1.400 contratos de obras públicas potencialmente onerosos adjudicados durante el gobierno de Giammattei. La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, presentó entonces una serie de denuncias judiciales contra antiguos funcionarios de obras públicas por proyectos de construcción que dejaron carreteras y escuelas incompletas.
Los funcionarios de Arévalo también acusaron de corrupción a la exministra de Salud, Amelia Flores. Flores se vio envuelta en un gran escándalo en 2021 tras firmar un contrato presuntamente fraudulento para obtener vacunas COVID-19 de Rusia a través de un intermediario cuestionable. Flores dimitió durante la pandemia, pero se libró de los problemas legales relacionados al contrato de las vacunas.
A principios de abril, el gobierno de Arévalo había presentado 17 acusaciones de corrupción gubernamental ante el Ministerio Público.
«El gobierno ha hecho bien en presentar estas acusaciones», dijo Stephen McFarland, diplomático estadounidense retirado y exembajador en Guatemala. «Los hechos están de su lado».
Sin embargo, está por verse si estas acusaciones prosperarán. Arévalo no tiene un aliado en la fiscal general Porras, cuya oficina tiene el monopolio de la judicialización estatal. Bajo el mandato de Porras –estrecha aliada de Giammattei–, los fiscales han archivado importantes casos de corrupción que implican a antiguos funcionarios.
«El Ministerio Público los defiende con uñas y dientes», dijo McFarland, refiriéndose a los antiguos funcionarios de Giammattei.
Enfrentamiento con la fiscal general Porras
Antes de tomar posesión, Arévalo prometió a sus partidarios que exigiría la dimisión de la fiscal general Porras. La promesa se produjo tras semanas de protestas en todo el país contra Porras, cuya oficina parecía dispuesta a entorpecer la transición de poder iniciando investigaciones engañosas contra Arévalo y su partido.
Porras también ha encabezado una campaña sistemática destinada a debilitar el Ministerio Público desde adentro. La mayoría de las investigaciones de corrupción de alto nivel se han estancado bajo su mandato.
Los intentos de Arévalo de destituir a Porras se han quedado cortos a la hora de exigir formalmente su dimisión; según la legislación guatemalteca, un presidente no puede obligar al fiscal general a dimitir. En cambio, su gobierno presentó una denuncia legal contra ella, alegando un tecnicismo, con la esperanza de levantar su inmunidad política.
La nueva administración también ha perseguido al secretario general y mano derecha de Porras, Ángel Pineda, acusándolo de utilizar fondos públicos para acosar a fiscales exiliados con demandas por motivos políticos. Pineda niega las acusaciones.
La estrategia frontal de Arévalo acaparó titulares, pero sus posibilidades de éxito son escasas: Porras tiene aliados en las altas cortes, que hasta ahora han paralizado la votación sobre su inmunidad.
Perder el enfrentamiento con Porras limitaría el alcance de las ambiciones anticorrupción de Arévalo y exacerbaría potencialmente la amenaza existencial que suponen para su gobierno las filas de fiscales leales a Porras.
«Porras y Arévalo están en rumbo a una colisión», dijo Jo-Marie Burt, profesora asociada de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason y presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).
«Si no es capaz de sustituirla, es muy posible que sea arrollado por ella», añadió.
Más dureza contra la criminalidad
Mientras Arévalo sigue encontrando el ritmo a la corrupción, su gobierno no pierde el tiempo en materia de seguridad.
Las autoridades guatemaltecas anunciaron una importante ofensiva contra la extorsión pocos días después de la toma de posesión de Arévalo. En los primeros meses de gobierno, la policía ha llevado a cabo múltiples redadas contra conocidas pandillas carcelarias y ha detenido a más de 500 personas sospechosas de extorsión.
La campaña contra la extorsión presenta algunas similitudes con la mano dura aplicada en el país vecino, El Salvador. Las autoridades de ambos países han publicado una serie de vídeos grandilocuentes para promocionar las operaciones policiales, algunos de ellos ambientados con música dramática. Otros vídeos hacen alarde del poder de la policía en desfiles reglamentarios. Las cuentas del gobierno en las redes sociales también han difundido fotos de presuntos miembros de bandas en Twitter, ahora X.
El narcotráfico también ocupa un lugar destacado en la agenda de seguridad. Las autoridades guatemaltecas incautaron más de 5 toneladas de cocaína en los 59 días transcurridos desde que Arévalo asumió el poder, más del doble que en 2023.
Fuente: INSIGHTCRIME
