Vivimos momentos de grandes cambios en la economía de nuestro país, pues está ya cada vez más cerca la aprobación definitiva de la reforma energética, aquélla en la que se cambiará de manera radical la forma en la que se ha organizado dicho sector, permitiendo la inversión privada nacional y extranjera tanto en la extracción como en el procesamiento de combustibles.
Entre los argumentos más utilizados para proponer dicha reestructura de la política energética, que en buena medida actualmente recae en la paraestatal Petróleos Mexicanos, es posible mencionar que estamos atrasados en la manera de organizar dicho sector, que otros países nos han sacado ventaja porque han permitido las alianzas público-privadas, que nuestros organismos generan innumerables pérdidas y vienen a la baja año tras año en su productividad, que el sindicato de Pemex es tan corrupto como su estructura corporativa y no hay otra manera de corregirlo que abrir a la competencia de nuevos actores para impulsar su eficiencia o su desaparición definitiva.
Si bien todos los argumentos son válidos en una u otra forma, me parece que la apertura a la inversión privada —que evidentemente no es nacional sino internacional pues se trata de un sector sumamente concentrado, poderoso e influyente a escala mundial— tampoco generaría los efectos deseados, al menos en la corrupción que caracteriza al sector actualmente.
Diversos organismos han denunciado los grandes conflictos que se han generado por el petróleo, desde innumerables problemas en Asia (Medio Oriente como ejemplo principal), en África (recordemos a Sadam Husein pero también a otros países como Nigeria y Gabón), América (Panamá, Colombia y Venezuela son otros ejemplos conocidos). En varios de estos problemas ha sido Exxon Mobile, la compañía más grande del mundo en este sector, la acusada de tráfico de influencias, sobornos e incumplimiento de acuerdos internacionales entre otros.
Incluso, importantes funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos han estado asociados a compañías petroleras o de servicios del sector, como son el mismo ex Presidente Bush y el ex Vicepresidente Dick Cheney. Adicionalmente, al interior de dicho país se han encontrado casos de corrupción federal con empresas petroleras que operan en su territorio. Se trata pues de un sector sucio, como dicen algunos expertos.
¿Será entonces que la “libre competencia”, que en realidad recae en un conjunto de empresas de gran poder político mundial, alivie la corrupción que se da en el sector petrolero nacional? La evidencia histórica no lo puede sostener.
