Excélsior publica que al aprobarse la modificación de 11 artículos constitucionales en el Senado, se genera en México el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción (SNCC); y se establece una Fiscalía General de Combate a la Corrupción —autónoma y encargada de la investigación y persecución de delitos de orden federal en esta materia— que podría solicitar órdenes de aprehensión contra los inculpados (sean servidores públicos o particulares), presentar pruebas y pedir la aplicación de severas penas a los involucrados.
Si bien el proyecto de dictamen respectivo ya se encuentra en la Cámara de Diputados, está a la espera que se abra el periodo ordinario de sesiones a partir de febrero, a efecto de ser aprobado o eventualmente modificado por los legisladores de todas las fuerzas políticas.
A escala global y de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2013, dado a conocer por Transparencia Mexicana al final del ejercicio pasado, nuestro país se ubicó en la posición número 106 de 177 países analizados.
La reforma aprobada en la Cámara Alta para la creación de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción en el que concurrirán todas las instancias que guardan relación directa con alguna de las actividades de prevención y combate a dichos actos, resulta clave para el futuro nacional, pues desde los años 70 sólo se habían conformado esquemas transversales de cooperación y coordinación interinstitucionales denominados sistemas nacionales.
En cambio, este nuevo sistema —resalta el dictamen respectivo— será distinto de los creados en el pasado, por dos razones: operará bajo un esquema intersectorial en el que estarían representadas todas las dependencias y entidades del gobierno federal, con sistemas de trabajo que vincularían las actuaciones de instancias de procuración de justicia, de fiscalización y auditoría, así como de control y vigilancia.
Integrará, además de una institución federal y 32 locales especializadas, a todas las Auditorías Superiores y Contralorías estatales, en un esquema similar al del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las contralorías de las instituciones gubernamentales deberán enfocarse en la mejora de la gestión, en la supervisión de los procesos administrativos y en la imposición de sanciones, según el régimen disciplinario interno, pero no sustanciarán expedientes de hechos de corrupción, pues éstos serán responsabilidad exclusiva de los órganos especializados que se crearán, tanto el federal como los locales, resalta el documento.
Pero además, este SNCC operaría a partir de un esquema de cooperación intergubernamental con los órdenes estatales, replicando el modelo en cada entidad federativa para crear un sistema en el que concurrirían el órgano estatal de combate a la corrupción y las instancias estatales de procuración de justicia, transparencia, fiscalización y control de la gestión.
Implicará también la conformación de una red de titulares de los órganos anticorrupción, al estilo de las asociaciones de fiscales que existen en Estados Unidos y Canadá, ponderaron en su momento los senadores del PAN, PRI y PRD, promoventes de esta reforma constitucional.
Cabe destacar que el pasado 13 de diciembre, en sesión ordinaria, el Senado aprobó estas modificaciones a la Carta Magna por 111 votos en favor, dos en contra y dos abstenciones. La senadora priista Arely Gómez afirmó, en esa jornada, que se refuerza el compromiso del gobierno federal de combatir el fenómeno de la corrupción…
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