El Senado de la República incumplió la obligación constitucional trazada por él mismo  para elaborar la ley general de transparencia, pues este sábado 7 de febrero vence el plazo y los senadores todavía no se ponen de acuerdo en el nuevo instrumento, en medio de acusaciones mutuas.

Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, acusó al PRI de atorar el proceso, al enviar a consulta del Ejecutivo el proyecto que ya estaba consensuado, para tratar de matizarlo; sin embargo, el mismo Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, aclaró hace unos días que el Ejecutivo federal no tiene interés alguno en simular una reforma.

Ayer, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó que será la próxima semana cuando las comisiones unidas aprueben el dictamen, pero con el encorchetado en cuatro temas, porque ninguna de las partes quiere mover un solo ápice en sus posiciones.

Los temas encorchetados son sanciones, prueba de daño, fideicomisos y fondos públicos, y seguridad nacional, precisó ayer la senadora Arely Gómez, quien es la responsable de la negociación por parte del PRI.

A su vez, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Senado, Pablo Escudero, precisó que los sujetos obligados tienen que hacer una prueba de daño para reservar la información. “Estamos en una discusión de cuál es el momento procesal para hacerlo, si la prueba de daño debiera realizarse antes de hacer la reserva de información o hacerla una vez reservada, cuando se solicite la información…

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