La nueva Ley General de Transparencia atiende las observaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y de las organizaciones sociales, reconocieron el propio organismo y especialistas.
Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, consideró “más que satisfactorio” el dictamen aprobado.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto y Transparencia de México Evalúa, consideró que si bien no se avanzó sobre la facultad del IFAI para abrir información cuando haya indicios de violaciones graves a los derechos humanos, por lo menos no hubo un retroceso.
“A mí me hubiera gustado que hubiera quedado de manera más explícita que el IFAI iba a tener esa posibilidad de pronunciarse de ‘prima facie’ sobre si se considera un tema de violaciones graves a los derechos humanos.
“Sin embargo, yo creo que en algún punto estuvimos a punto de quedar peor que como estamos ahorita, entonces tenemos que considerar que afortunadamente no fue así”, señaló la especialista.
Respecto de la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, consideró que sí debió haberse incluido en la ley, tal como en la propuesta original.
En tanto, los comisionados del IFAI aplaudieron la aprobación de la nueva legislación en comisiones del Senado.
“(Los comisionados) expresan su reconocimiento a los integrantes de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, por la atención y sensibilidad con la que actuaron al atender las propuestas de organizaciones sociales, instituciones académicas y de este Instituto.
“Para dar a las mexicanas y mexicanos una ley de vanguardia, congruente con el espíritu de la reforma constitucional en transparencia promulgada en febrero de 2014”, señalaron en un comunicado.
El dictamen, detallaron, garantiza el derecho de acceso a la información en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
La Ley General de Transparencia, cuyo dictamen fue aprobado ayer en comisiones del Senado, es un avance importante, pero deja pendientes que deberán ser precisados en otras normas, consideraron integrantes de organizaciones civiles.
Guillermo Noriega, coordinador del Colectivo por la Transparencia, indicó que entre los temas que quedaron fuera están la protección para servidores públicos que revelen información de interés público, la publicación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y las declaraciones de conflicto de interés.
Durante el debate, los panistas Roberto Gil Zuarth y Laura Rojas dijeron que esos temas no fueron incluidos porque se pedirá incluirlos en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, cuando se discuta el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Creemos que se debieron incluir en esta ley, además no se contrapone, pueden estar en otros ordenamientos, como lo será el de anticorrupción, y establecer claramente las conexiones”, dijo Noriega.
Mariana Campos, del Programa de Gasto y Transparencia de México Evalúa, consideró que la publicación de las declaraciones patrimoniales debió incluirse en esta ley, como estaba en la propuesta original.
