El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, tras una larga sesión en la que fueron desechadas 27 reservas que propusieron algunos legisladores.
La aprobación del dictamen en lo general (110 a favor, uno en contra y una abstención), fue considerada por la mayoría de los senadores como un avance histórico en materia de transparencia, a pesar de las resistencias que en el propio Congreso se tuvieron. El proceso duró varios meses y contó con la participación fundamental -a decir de varios legisladores-, de organizaciones de la sociedad civil, señaladamente -dijo Armando Ríos Piter, del PRD-, de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).
#LeydeTransparencia fue elaborada con académicos, con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad civil, no con la partidocracia
— Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) marzo 19, 2015
La legislación aprobada garantizará el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
Alejandro Encinas (ex PRD)
Durante el debate, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez (ex PRD), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó que se establecen mayores responsabilidades para los partidos políticos, obligándolos a informar sobre las cuotas, los ingresos públicos y privados que perciben, sobre sus contratos y convenios, sus tabuladores salariales, así como de las aportaciones a las precampañas y campañas.
Por su parte, Javier Corral (PAN), que votó a favor, lamentó que esta nueva legislación haya sido omisa con la transparencia en el propio Congreso de la Unión. En una adenda, la cámara Alta acordó integrar el artículo transitorio número 13 que, dio Corral, “diluye el cumplimiento de las obligaciones de transparencia para el Congreso de la Unión, pues se da un plazo hasta el 30 de agosto de 2015 para que el Senado y la Cámara de Diputados presenten programa de reordenación administrativa, contable y financiera”.
Javier Corral (PAN)
Los sujetos obligados de transparencia, tal y como quedaron determinados en la nueva legislación, están obligados a integrar un Comité de Transparencia colegiado conformado por un número impar de personas.
El dictamen establece la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia, que estará conformada por al menos los siguientes sistemas: Sistema de solicitudes de acceso a la información; Sistema de gestión de medios de impugnación; Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y el Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.
La legislación aprobada regula la integración, organización y función del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuyo objeto es fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano y estará integrado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), los organismos garantes de las entidades federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La nueva ley deja en claro que para reservar información, los sujetos obligados deberán fundar y motivar dicha clasificación elaborando una prueba de daño.
La Ley otorga nuevas facultades al IFAI y a los órganos estatales para aplicar medidas de apremio contra los funcionarios incumplidos, que van desde una amonestación y multas de más de 100 mil pesos, hasta denuncias ante el Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de la falta.
La minuta detalla que cualquier ciudadano podrá denunciar ante el órgano garante los incumplimientos en los que incurran las autoridades en las obligaciones de transparencia.
Durante el debate, el coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, recriminó que en la Ley no se haya establecido con claridad su prevalencia sobre otros ordenamientos, lo que hace que no garantice plenamente el principio de máxima publicidad que garantiza la Constitución.
“Todos los principios de las declaraciones y tratados que hemos firmado exigen un derecho a la información amplísimos y esta propuesta de ley se queda corta y restringe el principio de máxima publicidad”, dijo.
La legisladora panista, Laura Rojas, negó que esta ley restrinja el principio de máxima publicidad y que la norma esté por debajo de los estándares internacionales como lo sostuvo Bartlett.
Consulta aquí el dictamen aprobado.
Consulta aquí la adenda que se agregó.
