La promulgación el pasado 18 de julio, de las leyes reglamentarias que dan forma al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), fue el “banderazo de salida” de una nueva etapa para la transformación de las instituciones del país.  Las acciones  de inconstitucionalidad presentadas por la PGR contra los congresos y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por la aprobación de leyes anticorrupción locales a modo, el perdón presidencial  y la renuncia del Secretario de la Función Pública fueron mensajes que acompañaron el timonazo anticorrupción.

Sin embargo, existen al menos dos retos inmediatos que habrán de abonar a la credibilidad y legitimidad del nuevo andamiaje. Por un lado, están los nombramientos de quienes deberán de estar al frente de las instituciones clave del SNA. No sólo se trata del nuevo Secretario de la Función Pública – que bajo el nuevo esquema, deberá de ser ratificado por el Senado – sino que también habrá de nombrarse al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados de la Sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si realmente se considera al combate a la corrupción como una prioridad que va más allá del calor político y los saldos electorales, estos nombramientos habrán de hacerse a la brevedad y tras un proceso de selección transparente, que derive en la selección de perfiles que cumplan con criterios aceptables de autonomía partidista, conocimiento y experiencia profesional y probidad. Las mismas características habrán de tener los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA, incluido el de la equidad de género, este espacio de vinculación y contrapeso creado tras muchas resistencias, pero cuya finalidad quedará en duda si no se cuida al comité de selección que el Senado habrá de nombrar en no más de 70 días y si estos a su vez no cumplen con los criterios básicos de rendición de cuentas sobre la selección de los cinco miembros del  Comité.

El segundo reto es de carácter normativo. El plazo para adecuar las leyes en las entidades federativas corre ya y habrá de concluir el 17 de julio  del año entrante. Si se replica el modelo federal, este proceso habrá de contar con el acompañamiento y supervisión de diversos actores incluida la academia  y la sociedad civil lo cual sin duda coadyuvará para evitar retrocesos o blindajes de impunidad.

La etapa de implementación, que está iniciando, será crucial para el éxito y la operación del SNA en los años siguientes. Los cambios que se generen y las acciones que se lleven a cabo, no se verán traducidos de manera inmediata en la desaparición de los casos de corrupción en el país. Aún así, una buena estrategia de comunicación y la apertura total de toda la información relacionada con el sistema serán piezas determinantes para que la sociedad y las organizaciones ciudadanas no desesperen en este proceso de maduración de la política que habrá de combatir la corrupción.