¿Puede un ciudadano exigir a Google que elimine de su motor de búsqueda los enlaces a una información periodística de años atrás en la que se le menciona en un presunto caso de corrupción, argumentando que se atenta contra sus datos personales y su imagen?

La respuesta a esta pregunta ha originado en México un intenso debate entre senadores, comisionados del Instituto de acceso a la información, expertos de Google, activistas, comunicadores, y ciudadanos, hasta formarse dos posturas: por un lado, están quienes sostienen que cualquier persona tiene derecho a ser ‘olvidado’ en Internet si se cumplen ciertas condiciones. Y por el otro, están los que denuncian que eliminar enlaces que lleven a notas periodísticas en la Red es un acto de censura.

El caso en México de la revista ‘Fortuna’

En México, este debate comenzó el 28 de enero de 2015, cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció un proceso sancionatorio contra Google México porque un ciudadano no había podido ejercer su derecho a cancelar sus datos personales en Internet.

El caso fue promovido por el empresario Carlos Sánchez de la Peña, quien pidió a Google que eliminara varios resultados de búsqueda relacionados con su nombre. Uno de esos enlaces llevaba al reportaje periodístico ‘Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México’, publicado en el 2007 por la revista Fortuna. En esta nota, el empresario es mencionado como uno de los implicados en presuntos actos de corrupción.

Ante la negativa de Google de retirar los enlaces, Sánchez de la Peña inició un procedimiento de protección de derechos ante el INAI alegando que la nota afecta a su esfera “más íntima” y también a sus “relaciones financieras actuales”. El Instituto resolvió ordenar a Google que removiera los enlaces, haciendo referencia en su argumentación al llamado ‘derecho al olvido’.

Este derecho, que en realidad es un concepto puesto que no está reconocido en la legislación mexicana como tal, tuvo su primer antecedente en mayo de 2014. En ese entonces, y a partir de la demanda de un abogado español que exigió a Google España que retirara un link a una nota de 1997 sobre un caso de impagos que ya había saldado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa ordenó a los buscadores que retiraran los enlaces a notas publicadas años atrás, si se comprueba que son lesivas para una persona y carecen de relevancia.

La sentencia aclara que en ningún caso se eliminará la nota original del medio, solo los enlaces de los buscadores a esa nota. Y precisa que no se tomarán en cuenta las peticiones cuando la información afecte a una figura pública como funcionarios de gobierno (lee aquí 5 puntos para ejercer el ‘derecho al olvido’)…

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