Por mayoría del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y PES, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción avaló la minuta de la Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a pesar de que Morena y el PRD acusaron graves errores, desde la redacción hasta el derecho tácito que se le da a las dependencias de usar datos personales.

Con 16 votos a favor por cuatro en contra, tres de los diputados del PRD y uno de Morena, se aprobó la minuta en los mismos términos como la recibió del Senado y se prevé que sea votada en el Pleno de San Lázaro antes del 15 de diciembre, cuando termina el actual periodo de sesiones.

La Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados pretende garantizar el derecho de toda persona a la protección de sus datos que entrega a las dependencias.

El PRD rechazó que la minuta de Ley contempla las entidades públicas pueden usar los datos personales aunque no exista una manifestación inequívoca de la voluntad de las personas.

“La minuta desprotege a los ciudadanos y nosotros desde el PRD no podemos avalar eso, pero no quisieron”, dijo Agustín Basave.

“Se les pidió en dos ocasiones en la sesión que nos diéramos más tiempo, que se revisara la minuta, que le hiciéramos correcciones, que había un tema muy importante como para sacarla ‘al vapor´, y se negaron”.

Los perredistas también rechazaron que la propuesta se extralimite y establezca la reglamentación de todo el artículo 6 de la Constitución y no sólo, como estaba planeado, el apartado “A”, relativo a la transparencia y el acceso a la información.

Otro punto rechazado fue que, como lo prevé la minuta, para acceder a la información en posesión de una persona fallecida los familiares no sólo tendrían que acreditar un interés jurídico sino que el titular deberá haber autorizado.

Por su parte, el diputado de Morena Rogerio Castro, presidente de la Comisión de Transparencia, enlistó una serie de errores.

Excluye de su ámbito los sindicatos y a las personas físicas y morales que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad; establece que el Estado garantizará el derecho a la privacidad, cuando en realidad se refiere a la protección de datos personales, y no prevé mecanismos de rendición de cuentas para el encargado de velar por la protección de los datos personales.

“No existe ningún artículo que haga alusión a los casos en que sea necesario exentar algunas disposiciones de la minuta cuando se deba conciliar el derecho a la protección de datos personales con el derecho a la libertad de expresión”, advirtió.

Los diputados hicieron referencia a un foro realizado hace dos semanas con expertos que alertaron de errores en la iniciativa, como que se permitirá usar de pretexto el derecho a la privacidad para no entregar información pública.

Además, que las propias dependencias son quienes deberán evaluar cuándo informar al titular de los datos cuando sus archivos han sido violados, o que permitiría a dependencias como el Archivo de la Suprema Corte de Justicia tachar información de documentos de hace 200 años.

Rogerio Castro también evidenció, incluso, una decena de párrafos repetidos y hasta una definición imprecisa del término “datos personales”.

“Hacemos un llamado a los académicos, a las asociaciones que aportaron, que hicieron las observaciones de lo que está mal, porque son observaciones hechas por organizaciones de la sociedad civil, de la academia de prestigio demostrado y que ahorita los diputados que votaron el dictamen en sus términos, no están escuchando”, expresó el perredista Rafael Hernández Soriano.

“Tenemos que hacer el esfuerzo porque en las próximas horas todavía hagamos el intento por los mecanismos que nos da el proceso legislativo para incluir o modificar estos términos”, añadió antes de advertir que la minuta podría ser avalada en el Pleno, donde el PRI y sus aliados tienen mayoría también, antes de las vacaciones de Navidad.