Desde que se dio la aprobación en 2013 para transformar a la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República (FGR), no se han logrado los acuerdos para aprobar la normativa reglamentaria que permita que esta nueva institución entre en funciones y tampoco se han dado las condiciones para garantizar que el nombramiento del nuevo Fiscal cuente con la autonomía necesaria para poder hacer un trabajo eficaz y blindado de grupos de interés. El reto en medio de la crisis de credibilidad que tienen nuestras instituciones de impartición de justicia es aún mayor, pues a la fecha no se ha logrado un esquema en el que la ciudadanía se siente representada por las instituciones. La constante es la falta de condiciones para lograr que los delitos se persigan sin que pese el nombre o el origen de las personas. Sumado a ello, también sigue pendiente el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que es una de las piezas que todavía hacen falta para que el Sistema Nacional Anticorrupción cuente con sus siete integrantes.

Vale la pena recordar que a finales de 2016 se integró el colectivo #FiscalíaqueSirva, en el que más de 300 organizaciones de la sociedad civil y de la academia, así como cientos de personas a título personal se sumaron para elevar el nivel de exigencia en la materia y advertir de los riesgos que se corren, al nombrar un Fiscal General sin garantizar condiciones de autonomía, un servicio de carrera bien diseñado y que garantice que los nombramientos vengan acompañados de mecanismos de vigilancia ciudadana. Para ello, se han pronunciado de manera reiterada para que el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea revisado y que se aprueben los cambios necesarios para garantizar una Fiscalía verdaderamente independiente de intereses políticos y económicos.

Sin embargo, la semana pasada el gabinete de seguridad gabinete de seguridad y justicia de Andrés Manuel López Obrador afirmó que es urgente que ya se cuente con el nombramiento del Fiscal y que las reformas se dejarían para otro momento. Preocupa que la práctica de llevar una terna al Senado para que sea electo un Fiscal, tal como está establecido actualmente, no permita que este cargo logre la autonomía necesaria para hacer frente a los problemas de justicia que tiene México.

De hacerlo de esta forma, será necesario contar con los criterios y motivaciones de esa selección, así como de un análisis a fondo de los posibles conflictos de interés que puedan tener las candidaturas. En un tema tan sensible para los ciudadanos y en el que también está inmerso el combate a la corrupción, que sería lamentable que estos nombramientos no contaran con estos elementos mínimos. Habrá que estar pendientes de cómo avanzan estas acciones una vez que el nuevo gobierno se ponga en marcha.

Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas