El proceso electoral de 2018 en México fue uno de los más grandes en nuestra historia democrática y finalizó con la llegada del Movimiento de Regenación Nacional (Morena) al poder. Andrés Manuel López Obrador contendió, ganó y asumió la Presidencia de la República después de un trabajo de maduración de su visión del país de más de 12 años.
El inicio de este nuevo gobierno, la 4ª Transformación, como el mismo Presidente la ha llamado, lleva implícito un cambio radical en la manera de gobernar que promete favorecer, ahora sí, a los grupos de población menos favorecidos y que representan el mayor porcentaje de la población. La apuesta es ambiciosa. El reto que implica cerrar brechas sociales y mantener el desarrollo del país, así como la fuerza y estabilidad en su economía es enorme. Las primeras semanas de gobierno no se han salvado de la polémica, las críticas e incluso del escepticismo. Y es que las decisiones para acabar con los excesos y privilegios en la administración pública no solo están enfocadas a las malas prácticas de gobierno, sino que están afectando a personal que no ha sido el que históricamente ha sido privilegiado. Se requiere un cuerpo burocrático competitivo, técnicamente sólido y para ello se deben dar condiciones laborales que permitan que estos perfiles vean en el servicio público una alternativa de carrera viable y de largo plazo.
El Ejecutivo busca combatir la corrupción, pero todavía no hay una estrategia clara de cómo se dará continuidad y se perfeccionará lo ya ganado con el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo mismo ocurre con decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura, no hay claridad sobre los criterios de toma de decisiones para afirmar que un proyecto va, o no va. Hay muchos frentes abiertos y poca información sobre los criterios en la toma de decisiones. Otro ejemplo claro es la presentación de las declaraciones patrimoniales., si bien este mecanismo es obligatorio, no sirve de mucho sin un correcto mecanismo de verificación que permita corroborar que los datos ofrecidos son verdaderos. Más allá del discurso que la nueva administración venda a la población, nada puede ayudar más a legitimar las decisiones que se tomen, que un sistema efectivo de rendición de cuentas. Con ello, no solo de transparentan las acciones y se ofrece información, sino que se da certeza a la población de que las decisiones que se están tomando, realmente responden al interés de la mayoría. Habrá que estar atentos para que esto ocurra y es ahí, donde la sociedad se convierte en una pieza indispensable para la exigencia a su gobierno sobre las decisiones que está tomando.
