Sin libertad de expresión no hay democracia, y sin democracia no hay garantía ni respeto a los derechos humanos.
La labor que hacemos las y los periodista en el desarrollo del proceso electoral es vital; somos los mensajeros, los que informamos las propuestas de campaña, quienes increpamos y cuestionamos al candidato o autoridad, nuestro trabajo aporta a un voto informado y responsable.
Pese a esa importante función, en México no hay garantía para ejercer la libertad de expresión en ese periodo de democracia; el derecho electoral no reconoce la función del periodista, somos imprescindibles y a la vez invisibles para el Estado. Siendo la libertad de expresión un derecho vinculado a los derechos político electorales, el marco normativo que rige el ámbito electoral no reconoce el ejercicio periodístico, ni mucho menos incluye a las mujeres periodistas en los ordenamientos en materia de violencia política en razón de género.
En el primer semestre de 2021, Artículo 19 documentó 362 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. El informe destaca que “cada 12 horas se agrede a una persona periodista o medio en México”. Y del total de esas, 113 fueron en cobertura de las elecciones, es decir 1 de cada 3 amenazas, intimidaciones o agresiones contra periodistas fueron en cobertura electoral.
Ese clima de violencia política se amplifica para las mujeres que ejercen esa importante función, debido a la doble dimensión: ser mujer y periodista. Artículo 19 refiere que hubo 30 agresiones contra periodistas mujeres durante el pasado proceso electoral.
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