Ayer me apareció un recuerdo de hace siete años en Facebook. Por estas fechas estaba a punto de comenzar la primera edición del diplomado de política de drogas que dirigía yo en la sede región centro del CIDE. Este año ya no se llevó a cabo el único curso de ese tipo en América Latina, articulado en torno a la crítica del prohibicionismo de las drogas, porque el proceso de desmantelamiento de la libertad académica en curso hizo administrativamente imposible su realización.
El gobierno ha decidido destruir la vida institucional del Centro de Investigación y Docencia Económica. A pesar de que el Presidente de la República y su vocero sustituto en la mañanera se han referido al conflicto del CIDE como un entierro en el que no tienen vela y que esperan “que se resuelva”, la comisaria política de ciencia y tecnología ha convocado a la asamblea de la asociación civil del centro para este viernes, con el objetivo de aprobar un proyecto de reformas al Estatuto General del centro, en clara violación del artículo 42 del propio documento rector hoy vigente, que exige que el Consejo Académico apruebe los cambios antes de su presentación ante la asamblea de asociados.
Las modificaciones propuestas en el proyecto de acuerdo son una clara confesión de parte de que en el nombramiento del director general, José Romero Tellaeche, se violó la normatividad cuando no se tomó la votación del Consejo Directivo para formalizar la designación. También se pretende legitimar el nombramiento de un Secretario Académico ajeno a la comunidad del CIDE, después de la destitución arbitraria de la doctora Catherine Andrews. Se trata de una burda maniobra para darle legitimidad retroactiva a la imposición y a todas las irregularidades en las que han incurrido la arbitraria directora de CONACYT y su valido.
Además de eliminar la necesidad de que el Consejo Directivo formalice el nombramiento del Director General –ahora solo tendría que “tomar conocimiento”– y de quitar el requisito de ser miembro del CIDE para ocupar la Secretaría Académica, el proyecto de reforma pretende quitarle todo poder de decisión al Consejo Académico, órgano fundamental en la vida colegiada del claustro de investigadores, que además del director y de los secretarios está integrado por dos representantes de cada división académica. Ese cuerpo ha sido hasta ahora el espacio de deliberación y acuerdo que articula la vida comunitaria del centro y en el que se toman decisiones claves para el trabajo colectivo. La intención de dejarle un mero carácter testimonial al órgano tiene como objetivo eliminar el principal espacio de resistencia al control burocrático que tiene la comunidad de profesores–investigadores.
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