Ocho programas sociales del Estado de México, Jalisco y Quintana Roo operan con un riesgo elevado de corrupción, de ser utilizados para desviar recursos o con fines político electorales, de acuerdo con una evaluación de las organizaciones Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, y Gestión Social y Cooperación (Gesoc).

Entre los programas que no cumplen a cabalidad con las obligaciones de transparencia que les exige la ley y en los que se encontraron riesgos de corrupción entre un 60 y 80%, están Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio, Asociaciones para la Igualdad y Reactiva, Salario Rosa y Hambre Cero.

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