La Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) dio a conocer en días pasados los resultados del Índice de Corrupción Estatal 2018-2021, el cual constituye una herramienta para identificar los niveles de corrupción en las Entidades Federativas de nuestro país en el referido período de tiempo.[1]

Este estudio se sustentó en un conjunto de indicadores que tuvieron como fin identificar las desviaciones en el ejercicio del poder a nivel de los gobiernos locales en México

Su estructura fundamental consta de 6 indicadores que abarcan elementos comunes de corrupción política, los cuales a su vez se clasificaron en 3 grupos de indicadores: incidencia, impunidad y percepción ciudadana.

Cabe destacar que la ONEA precisa que los resultados fueron obtenidos a partir de fuentes públicas, entre los que se encuentran los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las encuestas nacionales de victimización y percepción sobre seguridad y de calidad e impacto gubernamental del INEGI, entre otros; esto, como una medida orientada a garantizar que la información fuera públicamente disponible y, a su vez, no tuviera sesgos que pusieran en duda su veracidad.

Esta primera edición, abarca el periodo 2018-2021 y entre sus principales resultados destacan los siguientes:

• La corrupción en la mayoría del territorio nacional se encuentra en contextos de alta y muy alta prevalencia.
• La entidad con la peor evaluación es el Estado de México, que obtuvo una calificación de 85.7 puntos sobre 100. Le siguen Baja California con 83.6; la Ciudad de México con 83.1; Baja California Sur con 81.7; Aguascalientes con 78.6; Chihuahua con 76; Jalisco con 75.1. Estos estados se clasificación como los que tienen índices muy altos de corrupción.
• En el extremo contrario se ubica Querétaro, con 44.1 puntos, convirtiéndose en la única entidad catalogada en un rango de corrupción media.
• En un sitio intermedio del índice están Tlaxcala con 51.7; Campeche con 56.6; Yucatán con 62; y Oaxaca con 64.5, sin embargo, están considerados en el rango de corrupción alta.

Tratándose del número de investigaciones iniciadas por delitos de corrupción ante las autoridades competentes en el país, los resultados del Índice hacen evidente un incremento importante (17.3%). Durante el primer año de la actual administración federal, los ministerios públicos de las Entidades radicaron 21,523 carpetas de investigación contra servidores públicos locales, esto es, un porcentaje mayor respecto de los casos registrados en 2018.

De acuerdo con los datos reportados, el índice nacional de sanción de los delitos cometidos por servidores públicos es de 1.35 de cada 100 casos, es decir, una impunidad penal promedio del 98.65%. En otras palabras, de acuerdo con los resultados obtenidos, las probabilidades de que un servidor público sea sancionado por la comisión de un delito cometido en el ejercicio de su encargo, es menor al 1.4%.

Por su parte, la información atinente a la incidencia de faltas administrativas muestra que estas aumentaron 149.8% en todo el país. En materia de faltas graves y no graves, las entidades federativas con más investigaciones radicadas por cada 100 mil habitantes en el periodo 2018-2021 son Estado de México (349.6), seguido de Baja California Sur (293.9), Aguascalientes (293.0), Baja California (277.3) e Hidalgo (189.2). Los gobiernos con menos expedientes iniciados se conforman por Chiapas (43.7), Puebla (39.5), Michoacán (35.0), Guerrero (33.0) y Veracruz (32.8).

En esta materia, el promedio de investigaciones que culminaron con la sanción del servidor público responsable es de 11.2 de cada 100. Esto se traduce en un índice de impunidad general del 88.8%.

Ahora bien, tratándose de la percepción ciudadana, los resultados muestran una reducción de 1.6% en el promedio nacional de personas que consideran corruptas a las instituciones locales de seguridad pública, lo que significa una media del 65.8%.

A su vez, el apartado relativo a la frecuencia de los actos de corrupción hace evidente que el promedio nacional de la población que considera que existe alta frecuencia de corrupción en su estado es del 86.7%.

Por otra parte, debe destacarse que para la construcción del Índice de Corrupción Estatal 2018-2021, la ONEA enfrentó diversos retos, particularmente identificó que la información remitida por las autoridades administrativas locales para la conformación de su estudio, presentó disparidades importantes con las cifras registradas por el INEGI, en relación con el número de expedientes iniciados, por lo que resulta necesario que exista un registro homologado entre las instituciones que generan y recopilan la información pública, particularmente aquella que se relaciona con la investigación de conductas ilícitas y antisociales graves como la corrupción política.

De la misma manera, el estudio sugiere que, en estos casos los datos se desagreguen a un nivel más profundo; que comprenda, por lo menos, los tipos penales y las causales específicas de las investigaciones iniciadas contra servidores públicos por posibles actos de corrupción y/o que actualicen faltas administrativas.

Como podemos advertir -y ha sido una constante en estudios y análisis que buscan medir la corrupción en el territorio nacional-, aun predominan los altos niveles de incidencia, tanto en materialización de estas conductas, como en la impunidad en su sanción.

Y si bien este estudio en particular identificó una pequeña disminución en la percepción de corrupción dentro de la temporalidad de estudio, tratándose específicamente en materia de seguridad pública, lo cierto es que -en términos generales- los datos obtenidos arrojan altos niveles de corrupción en las Entidades Federativas.

Ante estos resultados, desde nuestra perspectiva, nos parece importante promover los estudios técnicos y de opinión que nos permiten tener una radiografía de la gravedad que representa el problema de la corrupción en todo el país.

Además, es indispensable fortalecer las políticas locales anticorrupción, iniciando por garantizar la autonomía real de las instituciones encargadas de la prevención, detección, investigación y sanción de estas conductas.

A partir de datos certeros y de un análisis del contexto, es que el impulso ciudadano y académico que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción y al conjunto de normas hoy vigentes en esta materia, esta llamado a continuar las acciones en esta inacabada empresa por alcanzar un servicio público integro y eficaz, inhibiendo los actos de corrupción.

Por: Miguel Ángel Gutiérrez Salazar

[1] Los resultados del índice se encuentran visibles en la página web siguiente: https://oneamexico.org/indice-de-corrupcion-estatal/