La corrupción persiste por tres condiciones: opacidad, impunidad y discrecionalidad. Ante ese triángulo, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus réplicas estatales propusieron una respuesta que no descansa sólo en castigar, sino en abrir el Estado a la mirada pública. La Política Nacional Anticorrupción (PNA) prioriza la participación social y la coordinación con academia y sector privado: sin ciudadanía no hay política que perdure ni instituciones que rindan cuentas.

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