El pasado 1 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó por 361 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones en lo particular y en lo general el dictamen que crea la Ley de Austeridad Republicana y se reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y lo turnó al Senado de la República.

El dictamen pone en situación crítica el trabajo de los Centros Públicos de Investigación (CPI) del CONACYT. De acuerdo con especialistas, el dictamen pretende desmantelar un sistema consolidado de los Centros Públicos, abriendo paso a un retroceso cultural, educativo y social y, alejándonos de la sociedad del conocimiento.

A lo largo de 20 años se han forjado 26 Centros públicos de investigación, un Organismo Internacional Asociado y un Fideicomiso, así, estos centros se han convertido en un instrumento del Estado Mexicano comprometido con el avance científico y tecnológico del país. Además, tienen cerca de 2500 contratos o convenios por año de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social, económica y ambiental.

En 2016 el sistema de Centros de Investigación del CONACYT representaba la segunda fuerza en el país, la UNAM con 4300 investigadores, los CPI con 2000, el IPN con 1100, la UAM con 1100 y UdeG con 900, y actualmente tienen presencia en 30 entidades y en 100 ciudades (sedes, subsedes y consorcios). Si la Ley de Austeridad se aprueba en sus términos, dejarán sin operación a Centros Públicos de Investigación #NoMatenLaCiencia