El Senado inició este jueves el proceso de elección de quienes designarán al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con el consenso de todas las bancadas, el pleno de la Cámara alta aprobó el lanzamiento de dos convocatorias para elegir a los nueve integrantes de dicha comisión seleccionadora.

Ésta estará conformada por cuatro representantes de la sociedad civil y cinco de la academia, quienes estarán en el cargo tres años.

En ambos casos, los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por un delito cuya pena sobrepase el año de prisión.

Sin embargo, si el ilícito fue robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, será inelegible.

También serán descartados quienes hayan sido secretarios de Estado, Procurador, senador, diputado federal, Gobernador o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Y será primordial que en su trayectoria haya contribuido en temas de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Los interesados tendrán hasta el 6 de octubre para entregar su documentación a la Junta de Coordinación Política, la cual enviará a las comisiones unidas de Justicia y Anticorrupción las peticiones, para que analicen los perfiles idóneos.

Posteriormente, la lista será regresada a la Junta, donde deberá construirse un acuerdo político con una propuesta final, que será sometida a votación del pleno de la Cámara alta entre el 13 y 17 de octubre.

La comisión seleccionadora designará a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, considerado como el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los miembros de esa instancia presidirán siempre, de manera rotativa, el Comité Coordinador del Sistema, que será la cabeza institucional del combate a la corrupción.

Los ciudadanos serán los encargados de diseñar el contenido de las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos, que tendrán que presentar todos los funcionarios públicos a partir de que entre en vigor la llamada 3 de 3, en julio del 2017.

Fuente: Reforma