En semanas pasadas, la adquisición que realizó del gobierno de la vacuna Sputnik V contra la covid-19 fue motivo de controversia. La oposición acusó al ejecutivo por la falta de transparencia en la compra de dichas vacunas, cuestionando la “cláusula de confidencialidad” que imposibilita que la sociedad civil pueda conocer los pormenores del contrato por medio del cual Bolivia accederá a 5,2 millones de dosis.

Según fuentes oficiales, esta cláusula se debe a condiciones de las propias farmacéuticas. Sin embargo ‒más allá de este caso‒, la susceptibilidad está fundada en la cuestionable transparencia de la institucionalidad pública, problema estructural que el sistema político boliviano arrastra desde hace ya mucho tiempo.