México, un país con “cáncer de corrupción”, donde sus políticos y funcionarios hacen ver el conflicto de interés como una práctica “común, hasta natural”, no cuenta con las instituciones ni con el marco jurídico necesarios para someterse a una cirugía mayor.
Especialistas y académicos como Edna Jaime Treviño, directora de México Evalúa, explican a Excélsior que “de conflictos de interés está plagada la política mexicana”, pues aprovechan sus obligaciones públicas para el beneficio de asuntos privados.
Al igual que Edna, Marco Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, tampoco ve clara voluntad política del gobierno de la República, aun cuando en recientes días el Ejecutivo federal presentó ocho medidas anticorrupción. El especialista las definió como “un curita para solucionar el problema”.
Si en serio está convencido (el gobierno federal) de que es una prioridad, así como los secretarios de Estado en su momento estuvieron cabildeando, o en su momento había spots por todos lados sobre la Reforma Energética, de Telecomunicaciones, Fiscal y Educativa, ¿dónde está el oficio político de sus secretarios operando una reforma en materia de transparencia y en materia del combate a la corrupción?”, señaló el exconsultor de la OCDE y exdirector de Análisis Político en la Presidencia de la República.
En otra entrevista, Manuel Guerrero Martínez, especialista en trasparencia y comunicación política de la Universidad Iberoamericana, recordó los casos de los abogados Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez-Mont, que como legislador y secretario de Gobernación, respectivamente, mantuvieron su despacho jurídico.
En agosto de 2002 Fernández de Cevallos fue acusado por el PRD de “tráfico de influencias”, al lograr que un juez ordenara a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria el pago de mil 214 millones de pesos a particulares por una expropiación irregular de terrenos, realizada dos décadas atrás.
Hemos tenido también los casos de los expresidentes del PAN, que se compraron departamentos de millones de pesos casi de la noche a la mañana; tenemos el caso del enriquecimiento de Vicente Fox, que arregla su rancho de la noche a la mañana; tenemos el caso, o por lo menos las observaciones, contra la señora Alejandra Sota; y qué decir del caso de la época priista clásica, bueno, ahí tenemos la exoneración que se hace al señor Raúl Salinas”, citó.
Imparcialidad
El académico Guerrero Martínez definió el conflicto de interés como “la situación en la cual existe la posibilidad de afectar la imparcialidad esperada de una persona por causa de que su profesionalidad se halla comprometida con sus intereses personales”.
Para Marco Fernández significa “la relación que tiene el funcionario público respecto a un sector privado relacionado directamente con su función; al tiempo que pudiera desviar los incentivos de hacer correctamente su labor pública por los antecedentes de una relación de tipo contractual o comercial donde pudo haber trabajado o alguno de sus familias tiene intereses marcados; y donde se presume que de no regularse correctamente este conflicto, puede llevar a un acto de corrupción”.
—¿Para 2018 el candidato presidencial o el electo tendrá que hacer pública su declaración patrimonial y de intereses?
—Como se están moviendo las cosas, sí. Me parece que hay mucha presión de la sociedad civil, me parece que ya esconder una declaración patrimonial va a ser muy costoso; se va a ver muy mal que no la haga pública. Yo creo que sí se están generando las condiciones de mayor transparencia en este sentido —contestó Jaime Treviño.
Balance
Los especialistas analizaron para este diario las ocho medidas que el presidente Enrique Peña Nieto presentó el pasado martes 3 de febrero, así como el papel que jugarán la actual Secretaría de Función Pública (SFP) y su titular, Virgilio Andrade Martínez, contra el conflicto de interés y la corrupción en México.
Manuel Guerrero Martínez explicó que sólo dos medidas son acordes a mejores prácticas, y las seis restantes responden a la coyuntura de la investigación de las casas del mandatario, de su esposa Angélica Rivera y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray; una salida más política a la crisis de confianza sobre el actual gobierno federal.
De las dos positivas, la primera que citó es la declaración de intereses, que obliga a funcionarios públicos a presentarse transparentes a través de un informe ante la SFP, a partir de mayo de este año.
Todo eso está muy bien, el problema con esta medida —que a mí me parece una de las positivas— es que no se nos dice si esta declaración de intereses va a ser pública”, manifestó.
También puso en duda si la instancia correspondiente de la SFP contará realmente con la capacidad y las herramientas legales necesarias para verificar, caso por caso, la veracidad de la declaración.
La otra medida importante es acelerar el tránsito hacia la ventanilla única. Es lo que se llama gobierno digital o iGovernment. Son medidas que van a generar que en un solo portal gubernamental nosotros podamos llevar a cabo un gran y creciente número de trámites y servicios completos… combatiría los trámites corruptos burocráticos”, expuso.
Marco Fernández, también investigador asociado de México Evalúa, apuntó que los ocho puntos complementan el primer decálogo —tampoco sustantivo en la materia— que anunció Peña en noviembre.
Y que la tarea, por buena intención aparente que refleje, la ejercerá una “secretaría moribunda”, restada de facultades por el Congreso en 2012 para dotárselas a la Secretaría de Hacienda.
¿Dónde está la iniciativa preferente del Presidente para cambiar nuevamente la Ley de Administración Pública y restablecer tareas de la Función Pública?
¿De qué nos sirven los códigos de ética? Pues de muy poco. Máxime que estos códigos de ética dicen: habrá una nueva unidad encargada de la ética en Función Pública… Ya existía esa unidad, sólo le cambiaron el nombre; por Dios, no nos hagamos tontos”, dijo.
La politóloga Edna Jaime dio por hecho que el secretario Andrade Martínez no tendrá un desempeño relevante, “pues para el subordinado está difícil que haga una investigación imparcial respecto al jefe”.
Aunado a esto, señalando “que los políticos deben amarrarse las manos”, percibe una SFP poco idónea para llevar la investigación respecto a los conflictos de intereses.
Necesitamos fortalecer a la Función Pública; fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, que haga su revisión de la Cuenta Pública más a tiempo, que tenga posibilidad de auditar en tiempo real en casos muy específicos, especiales, que tenga capacidad ante las propias anomalías que detecte, pero también ante denuncias.
Yo creo que es clave que el secretario de la Función Pública vuelva a nombrar a los contralores. Es muy importante que haya servicio civil de carrera para contralores, que estén certificados, eso me parece que daría mucha fuerza a la función de control interno”, expuso.
—¿Es necesario llevar a la Constitución que los funcionarios deban presentar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de interés?
—La cuestión es que tendría que haber, ahí sí, una obligación general, no sólo para los funcionarios, sino para servidores públicos, que es todo aquel que cobra un sueldo con recursos públicos: Suprema Corte, Poder Legislativo, poderes Ejecutivos de todos los niveles en todos los estados.
“Sí, sería muy conveniente, pero lo que a mí me parece más importante es que para que eso funcione tiene que ser pública la declaración de intereses y, segundo, tiene que haber instancias donde se verifique la veracidad de lo que ahí se asienta”, respondió Manuel Guerrero.
El ejemplo internacional
Mientras en México funcionarios y políticos hacen ver “hasta normal” el conflicto de interés —como lo aseveró Edna Jaime—, en otros países presentar una declaración al respecto es algo básico, un tema sin debates, desde hace cuando menos dos décadas. Lo que necesita nuestro país, coinciden los tres entrevistados, es que nuestra nación adquiera del extranjero también las mejores experiencias contra la corrupción.
La cuestión de la declaración de intereses sí está considerada dentro de las mejores prácticas, y tenemos casos como el de España, incluso en América Latina, el caso de Chile, donde estas declaraciones sí son públicas, y entonces quien está cobrando un sueldo sabemos dónde están sus intereses y dónde está negociando.
Esto ya no genera mayor debate en la sociedad, esto se toma como una cuestión básica para tener una democracia realmente funcional y que la gente confíe en sus instituciones”, explicó Marco Fernández.
Agregó que más casos de éxito están en países de Europa del Este, como en Polonia, Hungría, la República Checa, entre otros, que empezaron a tomar aspectos muy concretos de política pública, generar mayores controles del gasto público además de la declaración de intereses, moverse hacia el gobierno electrónico, vigilar con mecanismos de transparencia gubernamental las decisiones y el uso de los recursos públicos.
El académico, al igual que Edna, reconoce que no hay un modelo único correcto para desaparecer la corrupción, pues en España, como ejemplo, siguen “escándalos bárbaros”.
La visión de Jaime Treviño —que descarta un diseño único aplicado por algún país— es que los niveles de corrupción en otros países están a la baja debido a que se proyectan cada vez a ser democracias consolidadas.
Eso quiere decir que tienen buenas instituciones y buenos contrapesos al poder y pueden tener un tribunal de cuentas, una agencia anticorrupción, una auditoría superpotente; hay distintas combinaciones, pero lo más importante es que es muy claro que quien se desvía o tiene conductas inadecuadas tiene una sanción, y también es muy claro que tienen muy acotadas las oportunidades de corrupción, su trabajo preventivo es muy bueno”, señaló.
Marco Fernández resaltó que en Lituania se ha legislado a detalle el conflicto de interés, pero a diferencia de la SFP, la autoridad que recibe estas declaraciones tiene la facultad de verificar la veracidad de la información que el funcionario público le da con instituciones bancarias, por ejemplo.
—¿Cuál es el procedimiento en ese país?
—Si el funcionario mintió por alguna razón pues se hace la investigación respectiva, y en caso de que encuentren alguna anomalía se inicia el proceso legal correspondiente. Nada de eso existe en el marco jurídico legal mexicano —manifestó.
Fuente: Excélsior
