En este nuevo documento se afirma que la situación se ha deteriorado mucho más y los datos que se presentan confirman que 2017 ha sido el año más violento en las últimas dos décadas, con más de 25,0000 homicidios y con un aumento considerable a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos (OSCJI, 2018:5). La situación es urgente y, sin duda, la falta de esquemas efectivos para hacer justicia incrementa las posibilidades de que la violencia impere, a todos los niveles, ya que la impunidad es la constante. Vale la pena revisar con detalle los datos que se presentan para poder tener una visión más amplia del problema de violencia que está viviendo el país y como la colusión entre autoridades y organizaciones criminales incrementa la corrupción y genera impunidad.
Frente a este grave problema que se está viviendo en México, es necesario considerar que las estrategias para el combate a la corrupción deben prever que las instituciones públicas hagan los cambios institucionales necesarios para ir cerrando espacios de opacidad y, de esta manera, se logre disminuir que este tipo de crímenes y abusos sean la constante. El reto que se enfrenta para que el diseño de la Política Nacional Anticorrupción pueda permear a todos los niveles de gobierno y en todos los espacios de decisión de la administración pública, no es menor. Como bien lo dice este informe, la corrupción ha escalado a niveles extraordinarios. Es necesario que el Sistema Nacional Anticorrupción logre trabajar de manera integral para generar los acuerdos que permitan diseñar una política integral, que contribuya a transformar la realidad que se vive hoy en día, así como coordinar y medir de manera minuciosa los avances en las iniciativas que se vayan diseñando desde todos los frentes para disminuir la corrupción.
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas