La ministra Loretta Ortiz Ahfl fue quien invitó a los diputados a impugnar la propuesta del Fondo de Pensiones del Bienestar.
La acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar fue presentada por diputados federales de oposición.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentaron diputados federales de oposición en contra del decreto por el que se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar.
De esta forma, la ministra elaborará un proyecto de sentencia bajo el expediente 116/2024 en el cual deberá definir si fue constitucional o no la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, mismo que deberá ser presentado ante el Pleno de la Corte para su análisis y discusión.
Sin embargo, la ministra Ortiz Ahlf negó la suspensión provisional a las y los legisladores de oposición, con la que las y los diputados buscaban que se frenará de forma definitiva los efectos del decreto.
“La suspensión de las normas generales, sus efectos y/o consecuencias o el contenido de las disposiciones legales impugnadas en una acción de inconstitucionalidad, no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada, en virtud de que se trata de un medio de control abstracto, teniendo naturaleza y características diferentes a la controversia constitucional”, señaló la ministra en su resolución.
El 30 de abril de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se oficializó la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, por el que pretende utilizar 40 mil millones de pesos que están en cuentas de Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores).
Esto debido a que el decreto ordena a las Afores y a otras instituciones transferir los recursos de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años.
Con dicha iniciativa, el Gobierno pretende revertir las condiciones para el retiro con las que quedaron los trabajadores que cotizan ante el IMSS bajo el régimen de 1997.
También, se incluyen otras fuentes de financiamiento como adeudos de entidades gubernamentales que suman más de 88 mil 500 millones de pesos.
Por otro lado, la reforma garantiza la no prescripción de los ahorros de los trabajadores, permitiéndoles recuperar sus fondos de retiro en caso de transferencias automáticas al nuevo fondo de pensiones.
Legisladores rechazaron dictamen por “inconsistencias”
Sin embargo, durante la aprobación del Fondo en el Congreso, legisladores de oposición rechazaron el dictamen bajo el argumento de que plantea muchas inconsistencias y no garantiza que a las personas se les devuelva su dinero.
“En resumen, el proyecto constituye una confiscación de bienes privados, es decir, un robo; recuérdese que el art. 22 constitucional prohíbe la confiscación de bienes. Incluso suponiendo la imprescriptibilidad del derecho de reclamar los recursos, el hecho de que el gobierno los “tome prestados” sin autorización de sus propietarios, constituye un desvío de poder, y quizá un delito”, dijo la senadora del PAN, Gricelda Valencia.
El senador Damián Zepeda dijo que está de acuerdo con modificar el sistema de pensiones, pero no como fue presentada ante el Senado, sino como lo había propuesta en febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La reforma que deberíamos estar votando es la que presentó el presidente de la República, donde propone poner en la Constitución que se va garantizar que cuando los trabajadores se pensionen tengan su salario último”, dijo.
