Ambos personajes, quienes trabajaron con el exministro Arturo Zaldívar y ahora colaboran con la ministra Norma Piña, están relacionados a presiones ejercidas en casos como el de Emilio Lozoya y Oro Negro.
La denuncia anónima presentada contra el exministro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores por presuntos actos de corrupción y por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial de la Federación (PJF) alcanzó a colaboradores de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tanto en la denuncia anónima como en el expediente J/108/2024, por el que se admitió a trámite la misma, se mencionan los nombres de Arturo Guerrero Zazueta, exsecretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y actual director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del mismo órgano, y Édgar Manuel Bonilla del Ángel, director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), personajes que trabajaron con el exministro Zaldívar y que ahora colaboran con Piña.
En el caso de Guerrero Zazueta, en ambos documentos se le señala por ejercer “presión” contra una magistrada en el caso Lozoya -en conjunto con Carlos Antonio Salazar Alpízar, entonces secretario general de la Presidencia del CJF, a quien se le señala por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión-, mientras que en el caso de Bonilla del Ángel se le relaciona por involucrarse en asuntos relativos a concursos mercantiles de cuantías importantes, como los casos de Unifin, Interjet y Oro Negro, entre otros.
En el caso Guerrero Zazueta, el propio Zaldívar lo ha calificado como una persona que lo “traicionó” y “está ahora con Norma Piña”, e incluso lo acusa de ser el autor de la denuncia anónima.
El colaborador de Zaldívar que se unió a Piña
Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del Pleno del CJF durante la época de Arturo Zaldívar como presidente del Máximo Tribunal del país, se unió al equipo de la ministra Norma Piña cuando fue nombrado nuevo director general de la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del mismo órgano.
“La ministra Norma Piña se convierte en la 1a Presidenta de la SCJN y el CJF, tras una historia de lucha y resiliencia para abrirse camino en un entorno tantas veces adverso y, pese a ello, con un mensaje de inspiración y construcción colectiva hacia el futuro del PJF”, escribió Guerrero en su cuenta de X, antes Twitter, el día del nombramiento de Piña.
Por ello, a varios de los integrantes del PJF les sorprendió verlo mencionado en dos ocasiones en la denuncia presentada en contra de Zaldívar.
La primera fue la relacionada al caso Lozoya, en el que se asegura que tanto Guerrero Zazueta como el magistrado Jaime Santana, extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y Carlos Alpízar, presionaron a la magistrada Cristina Porras para que resolviera conforme a los intereses que en ese momento tenía el ejecutivo federal, insistiendo en que si lo hacía se le exoneraría una supuesta queja administrativa que tenía junto con otro magistrado.
“Ante la negativa de la magistrada de ceder ante las incesantes presiones, el entonces ministro, por conducto de sus ejecutores preferidos Jaime Santana, Carlos Alpízar y Arturo Guerrero, hicieron su vida imposible, llegando al punto de ser adscrita en múltiples ocasiones buscando someter su voluntad”, se indica en la denuncia.
En el mismo caso se menciona que a la jueza Sandra Robledo Magaña la citaron al piso 14 del edificio central del CJF, donde Alpízar le informó que se trataba de un asunto en el que había un “fuerte interés tanto de Zaldívar como de AMLO”, pues ambos habían sido atacados por Lozoya. No obstante, la jueza no accedió a las presiones.
Las reiteradas referencias sobre Alpízar en la denuncia hicieron que el periodista Joaquín López Dóriga le preguntara a Zaldívar en una entrevista su cercanía con este personaje, momento en el que el exmagistrado aprovechó la oportunidad para lanzarse en contra Guerrero Zazueta.
“Tenía afortunadamente muchas personas de confianza, la mayoría de ellas mujeres y jóvenes. No tenía una persona de confianza, tenía a un equipo en el que confíe mucho y salvo el caso de una persona que traicionó sigo teniendo confianza en todas y en todos”, dijo Zaldívar.
“¿Quién te traicionó?”, le preguntó Dóriga.
“Una persona que está ahora con Norma Piña, que seguramente es quien redactó la denuncia anónima, Arturo Guerrero Zazueta”, dijo.
Otra de las menciones sobre Guerrero Zazueta y Alpízar en los documentos refiere que gracias a una supuesta amistad que ambos tenían con una persona identificada como “Jimena Avalos” es que Alpízar pudo sortear diversas denuncias presentadas en su contra por acoso sexual.
Manuel Bonilla, acusado de obligar a empresas a declararse en quiebra
A Édgar Manuel Bonilla, titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, se le denunció por el delito de “delincuencia organizada institucional”, pues presuntamente utilizaba a dicho Instituto para presentarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinado sentido.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, se trata de un abogado que trabajó con Zaldívar y quien sigue trabajando con Piña, quien pudo haberle pedido su renuncia -como lo hizo en otros casos-, pero decidió no hacerlo, conservándolo dentro de este círculo de colaboradores al frente de IFECOM.
“Así las empresas que antes del gobierno de Morena tenían contratos vigentes y permisos otorgados por PEMEX, pero que resultaron un estorbo fueron en su mayoría presionadas por el Instituto por conducto de su director o en algunos casos de sus síndicos para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores, si aceptaban se les pagaba y una vez declarada la quiebra la empresa de los protegidos por el presidente podría hacerse de los jugosos contratos”.
“[Además], es importante resaltar que los vocales del instituto fueron nombrados por Zaldívar sin que cumplieran con el perfil para un puesto tan relevante, y respecto de los síndicos no es distinto pues en su mayoría no están calificados para realizar sus labores, además de que su asignación en los asuntos en los que participan se realiza sin ninguna transparencia, colocándolos a modo de acuerdo a la relevancia y monto del asunto”, señala la denuncia.
Actitudes como esta fueron denunciadas incluso por el columnista Jaime Núñez, quien en una publicación de marzo de 2023 advirtió que “existe favoritismo en la asignación de los casos por parte Edgar Manuel Bonilla Del Ángel, director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles”, pues de 85 expertos certificados que existen, sólo cinco concentraban 20% de todos los procesos vigentes de empresas como Unifin, Interjet y Oro Negro, cuando en teoría la elección de los conciliadores se realiza de manera aleatoria.
Parte de estos casos incluso están mencionados en la denuncia, en la que se indica que, si la empresa no aceptaba las condiciones impuestas, el Instituto era el encargado de realizar prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien evitar la ejecución de resoluciones que pudieran beneficiar económicamente a la empresa, aprovechando además sus contactos en instituciones bancarias.
Sobre este personaje el exministro Zaldívar se ha limitado a asegurar que lo conoce muy poco y que llegó a ese puesto por una recomendación.
“Entiendo que es una gente que tiene una amistad cercana con el ministro Laynez (Potisek). Lo conozco poco y también me extraña que lo hayan incluido a él (en la denuncia)”.
Fuente: Animal Político