¿Hay otra prioridad en México? En el origen de todos nuestros males está la desigualdad y lo demás son consecuencias, incluida la abrumadora crisis de violencia que el país ha sufrido durante la última década.
¿Por qué México no habría de ser violento si la mitad de la población es pobre, si 12 millones de personas no tienen para comer, si la cigüeña es la única que brinda oportunidades, si las castas —políticas y económicas— monopolizan el gobierno de los asuntos que son de todos, si los habitantes del penthouse se quedan con 60 de cada 100 pesos de la riqueza producida y el ascensor social lleva rato descompuesto?
Los mexicanos nos dividimos entre privilegiados y desposeídos y la democracia no ha servido para derrumbar los muros que apartan a unos y otros.
Y es que las autoridades responden, casi en exclusiva, a los primeros: políticos, jueces, policías, funcionarios, cobradores de impuestos, gobernadores y un largo etcétera de autoridades son indiferentes ante el México mayoritario, pero suelen tirarse como tapete cuando alguien del mexiquito elitista les dirige la palabra.
Los cambios políticos no han servido para entregarle mayor poder a quien antes no lo tenía. Los habitantes de los pisos bajos de la construcción social no han visto mejorar su relevancia política con la competencia electoral.
Según el Latinobarómetro, seis de cada 10 mexicanos afirman que el gobierno no ha hecho nada por ellos. No es que sean ingratos, si la inequidad de oportunidades crece y la violencia se multiplica, el gobierno es percibido como una oligarquía plebiscitada por clientelas artificiales.
En otras democracias el Estado es responsable principal para aproximar a sus ciudadanos más apartados. Ahí los gobiernos eficaces logran corregir la desigualdad hasta en un 40 por ciento.
Finlandia o Francia son sociedades cuya economía es tan asimétrica como la mexicana. Sin embargo, una vez que sus autoridades cobran impuestos y ejercen el presupuesto público sucede una corrección importante: la distancia entre el más rico y el más pobre se acorta de manera notable.
Entre las naciones que integran a la OCDE la corrección de la desigualdad es, en promedio, de un 14 por ciento. México, sin embargo, representa una anomalía: la política hacendaria (ingresos y egresos) alcanza en nuestro país sólo para disminuir un 1.8 por ciento la diferencia. (Global Finance, 2014. Income Inequality and Wealth Distribution by Country).
Los ingresos y el presupuesto del gobierno federal no sólo dejan irresueltas las asimetrías; son instrumentos que las potencian por ser prisioneros de intereses clientelares, burocráticos y corruptos.
Esta realidad no va a durar. Si mañana la democracia mexicana sobrevive fue porque logró ponerse al servicio de la convergencia social, que es lo opuesto a la desigualdad.
De lo contrario seguirán reinando las relaciones violentas entre mexicanos hasta que un día no podamos más reconocer el país que una vez conocimos.
Con este argumento habría de valorarse el presupuesto base cero que presentará en un par de semanas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante los legisladores.
Si ese presupuesto no responde al propósito de corregir las desigualdades, el gobierno y el partido de Enrique Peña Nieto habrán perdido una de sus últimas oportunidades políticas.
¿Será capaz la SHCP de asumir el desafío que le toca? ¿Lo serán los diputados de la próxima legislatura?
No soy optimista.
ZOOM: Si todavía se le mueve una patita a la candidatura presidencial de Luis Videgaray para el 2018, después del presupuesto base cero se le moverán dos, o de plano ninguna.
Fuente: El Universal
