La semana pasada, la Ciudad de México recibió la visita de comisionados y consejeros de todos los órganos garantes del derecho de acceso a la información del país, incluido el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), durante la cuarta reunión extraordinaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información, COMAIP.
El evento fue inaugurado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, acompañado del diputado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, y Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
El propósito de esta reunión fue el de tratar asuntos relacionados con las implicaciones de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, que tendrán repercusiones en todas las instituciones públicas del país y, por supuesto, efectos positivos en la sociedad civil.
En particular, el tema de mayor relevancia fue la conformación de la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública. La importancia de esta ley es capital, puesto que sus páginas asegurarán el efectivo ejercicio de este derecho constitucional.
Al respecto, este columnista puso en la mesa una propuesta de borrador de esta ley general que será analizada por una comisión de integrantes de la COMAIP a efectos de conformar una versión final para presentarla al Congreso, instancia encargada de expedir no solo esta ley, también las otras dos leyes generales derivadas de la reforma: una en materia de protección de datos personales y otra de archivos.
Estas tres leyes tendrán que ser observadas por la federación y las 32 entidades federativas; además, su contenido deberá replicarse en las leyes vigentes o, en su caso, deberán expedirse leyes exprofeso para completar la triada normativa en la federación y los estados. En el caso del DF solamente haremos las adecuaciones necesarias, toda vez que esta entidad ya cuenta con las tres leyes referidas.
De esta manera, podremos decir que existirán condiciones equitativas en todo el país para el ejercicio de estos derechos fundamentales.
Con el afán de ser propositivos, la COMAIP ha trabajado al lado del Congreso desde la conformación de la reforma, y estará en la parte más trascendente, es decir, en la materialización del nuevo texto constitucional.
Con la experiencia adquirida, los órganos garantes de transparencia harán su parte para que las leyes y los reglamentos que se expidan incluyan los estándares mínimos que garanticen el respeto de estos derechos en condiciones favorables para la población.
Este esfuerzo deberá ser acompañado por el apoyo de la sociedad civil para ejercer mayor influencia en los congresos. Recordemos que, a lo largo de más de 10 años, la sociedad organizada ha sido un actor importante para el impulso de la transparencia y el acceso a la información en poder de los gobiernos; por lo tanto, es el momento de sumar fuerzas para lograr textos normativos de gran alcance y efectividad.
Ayudemos a los órganos garantes de la COMAIP a garantizar, de la mejor manera, los dos derechos que le han sido conferidos: el de la información pública y el de la protección de datos personales.
Estas atribuciones no son cosa menor. Conocer la información de los gobiernos es un elemento indispensable para hacer posible la participación de la sociedad en los asuntos públicos. Con información, podremos defender nuestros derechos y denunciar los abusos y actos de corrupción de las autoridades.
Fuente: El Universal
