La semana pasada fueron aprobadas dos legislaciones fundamentales para la organización de los procesos electorales del año entrante. Se trata de la Ley general de instituciones y procedimientos electorales http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-05-14-1/assets/documentos/Dictamen_LGIyPE_.pdfy de la Ley general de partidos políticos. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-05-14 1/assets/documentos/Dictamen_ley_Partidos_Politicos.pdf
En la primera, se detallan aspectos cruciales del nuevo modelo electoral con las nuevas y mayores facultades del INE en la organización de los procesos electorales, en la fiscalización de los partidos políticos, en la vigilancia del desarrollo de las campañas electorales y en la regulación del modelo de campañas y comunicación política. Sin duda, los desafíos para la nueva autoridad electoral son enormes y los dos presupuestos que dieron origen a la reforma: reducción de costos y eliminación de la captura de los órganos electorales locales por parte de los gobernadores, quedan en duda. Efectivamente, al mantener las dos estructuras electorales (la local y la nacional) y al aumentar las facultades y el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral no queda claro en dónde estará el ahorro. Sin duda, es una buena noticia el que se amplíe el servicio profesional electoral a las entidades federativas ya que a nivel federal éste ha demostrado ser estable y funcional. Sin embargo, es imposible pensar que todos los funcionarios electorales podrán integrar esta estructura, puesto que tal y como lo ha dicho el Consejero presidente Lorenzo Córdova, hoy en día solo 2 mil 300 de los 14 mil funcionarios electorales que forman la estructura, pertenecen al sistema profesional electoral cuya operación es mucho más onerosa que una plaza sin todas las prestaciones. Actualmente, de los 32 institutos electorales locales, 24 cuentan con alguna disposición de profesionalización sin embargo, no todos son estables o funcionales por lo que el propio INE calcula la incorporación de al menos mil 100 personas cuyos salarios, capacitación y prestaciones deberán ser homologadas. La supuesta captura política de los órganos electorales locales se pretende resolver con la tutela del INE como si el nuevo órgano electoral estuviera blindado de presiones políticas y de intereses partidistas.
Ahora bien, en cuanto a la ley de partidos, ésta responde a una vieja demanda de la sociedad y aunque en el COFIPE anterior se contaba con todo un capítulo al respecto, había ausencias que ahora son atendidas. La falta de una regulación a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia interna de los partidos, permitió fenómenos como el PVEM o el PANAL, partidos franquicia en los que el abuso, el oportunismo y el abandono de las obligaciones de difusión de la cultura democrática han distorsionado la función representativa de estos institutos. En el modelo recién aprobado se sientan las bases para que junto con las nuevas obligaciones de transparencia de los partidos políticos, se cuente con un sistema de partidos más estable, más democrático y más transparente. Aún así, este sistema permanecerá acotado en su función representativa ya que formar un nuevo partido será más complejo y las candidaturas independientes quedaron prácticamente eliminadas al exigir un mínimo de 788 mil firmas para contender a la Presidencia como candidato independiente (más de lo que acreditó Morena para constituirse en partido) y 1.5 millones de firmas para cualquier otro cargo de elección popular. Este modelo se pondrá a prueba el año entrante. En el campo de batalla se verá la efectividad del nuevo órgano electoral.
