Por: Francisco Javier Acuña
El nuevo IFAI fue proyectado con amplias competencias en materia de transparencia y protección de la privacidad sobre todas las instituciones públicas: las federales, de modo directo, y las estatales, en segunda instancia, y sobre agentes del mercado, en materia de protección de datos personales entre particulares (inmenso conjunto de empresas y profesionistas).
Sin embargo, esa dimensión supervisora transversal está limitada transitoriamente y condicionada a la aprobación de las leyes secundarias. La Ley General de Transparencia ha sido aprobada por el Senado y ahora está en la antesala de la Cámara de Diputados para un trámite similar. Urge su aprobación durante abril.
Mientras el IFAI se prepara para la hazaña que le vendrá, se ha contenido a reforzar la transparencia en el Poder Ejecutivo con mucho más fuerza, porque sus resoluciones ya son definitivas e inatacables. Como ejemplos: en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa ordenó a la PGR entregar una parte de las averiguaciones públicas por tratarse de casos que implicaron violaciones graves a los derechos humanos; o el inicio de un procedimiento sancionador a Google, que está detenido por acciones judiciales emprendidas por la empresa; a la Sener la obligó a abrir datos sobre la ubicación de algunos puntos en las instalaciones de Pemex (nunca de los planos o mapas de los ductos, como falsamente se dijo); asimismo, a la Segob la instruyó a cancelar los datos biométricos de dos menores de un registro de más de 6.5 millones de niños que se creó para elaborar la cédula de identidad personal (infantil), un programa que, por cierto, fue interrumpido desde 2012, entre otros.
El IFAI depende de la vigencia de las leyes secundarias para poder ejercer todas sus enormes competencias y, en el trance, se suscitan confusiones que conviene aclarar.
Una de ellas: en medio del proceso electoral del 7 de junio han comenzado a ingresar al IFAI denuncias de ciudadanos que acusan a partidos políticos de hacerles llegar propaganda (ofrecimientos de dádivas de todo género y especie), por lo que han burlado la privacidad de los denunciantes, en tanto que los han contactado en sus domicilios particulares, teléfonos y cuentas de internet personales.
Por ahora, el IFAI no puede admitir esas quejas, y menos tramitarlas, por lo que las ha estado turnando al INE. En tanto las leyes generales de transparencia y protección de datos cobren vigencia, no se puede intervenir en esos terrenos, así lo dispuso —conforme al transitorio de la reforma constitucional— el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia electoral del país.
Esperamos que pronto el IFAI pueda atender de modo integral la grave responsabilidad que le ha sido confiada.
*Comisionado del IFAI
Twitter: @f_javier_acuna
Fuente: Excélsior
