El profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Mauricio Merino aseguró que mientras no se identifiquen las causas de la corrupción que llevan a los individuos a corromperse, habrá impunidad y no se atrapará a los responsables.
“Nosotros pensamos que mientras esas decisiones no se modifiquen, pues se pueden atrapar a todos los corruptos que quieran, que vendrán otros atrás, la situación quedará intacta”.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Grupo Imagen Multimedia, detalló la propuesta de mecanismo anticorrupción que diversas organizaciones presentaron.
“Presentamos un sistema que tenga al menos cuatro piezas, una que se encargue de seguir delitos, que ésa es la fiscalía anticorrupción, en nuestra opinión, la fiscalía debe tener plena autonomía, no nos gusta que la fiscalía anticorrupción dependa de la PGR, porque va a seguir siendo un instrumento de poder político, nos parece que es necesario fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, mantenerla, pero fortaleciéndola, porque hoy la auditoría sólo puede hacer auditorías posteriores, una vez que concluye el año fiscal y las entrega tardíamente, y luego no se incorporan al proceso de revisión presupuestal del año siguiente”.
Continuó, “estamos pidiendo que se eliminen los principios de anualidad y posterioridad, y que se fortalezca la capacidad de la auditoría para, por lo tanto entrar desde afuera, la Auditoría Superior es un órgano ajeno al Ejecutivo federal y que incluso tenga capacidad de intervenir en el caso de los gobiernos de los estados a través de un sistema nacional de fiscalización”.
Propusieron que se revise la condición actual de la Secretaría de la Función Pública, pues consideran que es un error que esta dependencia sea eliminada.
“No hay gobierno en el mundo que no tenga sistemas de control interno y que no tenga sistemas de mejora administrativa, así que eliminar esa pieza del juego es a todas luces un error.”
Señaló que la lógica de control interno y la modernización administrativa con plena transparencia y vigilancia social son deudas antiguas de la administración pública.
Consideró que la discusión que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados sobre la reforma anticorrupción es un despropósito, al señalar que los integrantes del Consejo Nacional de Integridad Pública, que son, el Presidente de la República, los tres poderes, los gobernadores, los titulares de los órganos autónomos son los que deberían ser vigilados.
“Están proponiendo que en esa cosa enorme que me recuerda las reuniones de la República de López Portillo, que desde ahí salgan las políticas, los programas, todo para combatir la corrupción, en la misma mesa de los individuos que deben ser vigilados, por órganos dependientes y autónomos, como sucede en un país civilizado, en esa mesa están como para tapar el ojo al macho, lo digo con claridad”.
Señaló que la propuesta del gobierno no es más que un reciclado de lo que ya se tiene, “proponen que haya cinco notables ciudadanos notariales que, pues no sé, acompañando como una especie de consejo externo asesor a esa enorme mesa de poderosos diciendo que van a portarse bien. Y están sí, proponiendo un nuevo Tribunal Federal de Cuentas que no es más que un reciclado, Plan Fiscal de Justicia Administrativa, que ya tenemos, y que no sirven en realidad más que para concluir procesos de sanción administrativa que nunca concluyen bien”.
Por último, resaltó el dato de que hay varias instituciones de distinta índole que involucradas en la propuesta anticorrupción, “son 37 distintas organizaciones que nunca nos habíamos reunido, nos parece agraviante que se nos quiera decir que se va a resolver el problema de la corrupción en una mesota en donde están los que deben ser los vigilados”.
Fuente: Excélsior
