La protección de programas sociales en contextos electorales ha generado debate desde el proceso electoral de 2006. A partir de ello, en el año 2008, Transparencia Mexicana (TM) tomó postura en cuanto a que la protección de programas sociales en contexto electoral debía pasar por el fortalecimiento de su institucionalidad. La institucionalidad permite dar mayor solidez a la política social y con ello prevenir la discrecionalidad y arbitrariedad en la operación de los programas sociales.
El proceso electoral del 7 de julio de 2013 se llevará a cabo en 14 entidades federativas del país: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Es en este marco que TM analizó tres de los 20 atributos de institucionalidad relacionados específicamente con el tema de control y fiscalización para la protección de programas sociales, establecidos por la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO).
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