El Rey ha puesto en marcha un paquete de medidas con las que pretende cumplir la promesa que hizo en su proclamación, el pasado 19 de junio: “Encarnar una monarquía renovada para un tiempo nuevo”, “integra, honesta y transparente”. La mayoría de las nuevas normas, que este lunes comunicó un portavoz de la Casa del Rey a los periodistas, entrarán en vigor “antes del 31 de diciembre”. Son las siguientes.

Auditoría externa. La mayoría de casas reales europeas ya se someten a una auditoría externa. La española era una excepción. La Casa del Rey publicó por primera vez sus cuentas en diciembre de 2011 —un día antes de que el juez imputara a Urdangarin por malversación de fondos públicos—, y ofrecía únicamente los datos recopilados por su interventor interno. Por deseo de Felipe VI, las cuentas de la Casa del Rey se someterán a una auditoría externa que realizará la Intervención General del Estado, con la que se firmará un acuerdo de colaboración antes del próximo 31 diciembre. El primer ejercicio auditado será el de 2015.

El portavoz de la Casa del Rey quiso destacar este lunes que la ley de transparencia, que entra en vigor en enero del año que viene, no exige la auditoría externa y que la medida obedece exclusivamente a la voluntad del Monarca.

Incompatibilidades.  El Rey ha prohibido a los miembros de la familia real trabajar para empresas, tener negocios privados o dedicarse a cualquier otra cosa que no sean actos “de naturaleza institucional” como representantes de la institución. Esta medida afecta solo a los miembros de la familia real, que desde la proclamación se reduce a don Juan Carlos, doña Sofía, don Felipe, doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

De haber existido esta norma en el reinado de don Juan Carlos, doña Cristina no podría haberse involucrado en los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin. En el caso de que puntualmente, por encargo del Rey y con la aprobación del Gobierno, se requiera que la infanta Elena —su hermana fue apartada de la agenda por el escándalo del caso Nóos— desarrolle alguna actividad institucional, no percibiría retribución alguna.

Control sobre regalos. El Rey ha encargado, además, un régimen jurídico sobre los regalos que reciba la familia real. La Zarzuela no aclaró en qué consistirá ese régimen, que ha de estar listo igualmente antes del 31 de diciembre. Don Juan Carlos ha recibido durante su reinado varios obsequios polémicos, por su elevado valor, como los dos ferraris que le regaló en 2011 el jeque Mohamed bin Rashid al Maktoum, primer ministro de Emiratos Árabes, o el yate Fortuna, que pagaron a escote un grupo de empresarios y que en su día costó 18 millones de euros.La familia real renunció a su uso por austeridad el año pasado y fue vendido este lunes por 2,2 millones de euros.

Código de conducta. Felipe VI también ha pedido que se elabore antes de final de año un código de conducta para el personal de La Zarzuela. La Casa del Rey no detalló qué normas recogerá ese código ético, aunque remitió a los principios de la ley de transparencia. El artículo 26 de dicha norma establece como principios de buen gobierno, por ejemplo, actuar con imparcialidad, es decir, no favorecer o perjudicar a intereses particulares; no aceptar regalos que superen “los usos habituales, sociales o de cortesía”, no implicarse en actividades “incompataibles con sus funciones” y denunciar ante los órganos competentes “cualquier actuación irregular de la que tengan conocimiento”´…

Nota completa en: El País