A pesar de la polémica generada en torno creación de la Fiscalía General de la República, el pasado mes de diciembre fue aprobada su ley orgánica. Durante meses organizaciones de la sociedad civil y académicos estuvieron debatiendo y tratando de generar los acuerdos con la clase política para que se lograra una transformación de fondo, que realmente cambiara las prácticas de impartición de justicia en México.
A pesar que en este nuevo diseño se incorporan elementos que contribuyen a la transparencia y la rendición de cuentas, no se logró avanzar en una propuesta donde se cuente con mecanismos de vigilancia ciudadana con un peso mayor que la opinión y emisión de recomendaciones a las labores de la Fiscalía. Esa ha sido la tragedia en los diseños de esquemas de participación ciudadana en nuestro país. A pesar de los avances y el empoderamiento de la sociedad a través del acceso a la información, no se han logrado verdaderos mecanismos de creación conjunta de acciones, así como la emisión de opiniones ciudadanas que tenga un peso real en el destino de las decisiones de las instituciones.
Así, en las primeras semanas de este 2019 se llevó a cabo el proceso de selección del Fiscal General de la República, quien estará en su encargo por nueve años y de quien se espera actúe con autonomía y con una visión de la Fiscalía que realmente transforme a la institución de fondo, que logre estar a la altura de la sociedad a la que debe garantizarle un acceso pleno a la justicia. Sin embargo, el proceso de selección no cumplió con los parámetros de transparencia y de apertura que solicitó una y otra vez la sociedad civil. Muestra de ello fue el hecho de que el Colectivo #FiscalíaQueSirva decidiera no acompañar esta selección.
Y vale la pena decir que no se pone en duda la trayectoria y credenciales del primer Fiscal General de la República, pero la manera en que se da el nombramiento mina su autonomía al ser alguien tan cercano al Ejecutivo. Es por esta razón que una y otra vez, las declaraciones en torno al blindaje de los puestos clave en la administración pública son tan pertinentes. Mientras no se logren nombramientos plenamente autónomos, que vengan acompañados de criterios claros en la selección y exposición de motivos que permita comprender las motivaciones de los involucrados en el nombramiento, la burocracia seguirá siendo usada como botín político y, poner por delante el interés público, seguirá siendo un factor secundario para quienes llegan a esos puestos clave.
Habrá que estar muy pendientes de la actuación de la Fiscalía General y de la manera en que se den los nombramientos de las Fiscalías Especializadas. También es muy importante estar atentos de los esquemas de profesionalización que se diseñen para la institución, mismos que han estado rezagados por décadas y son clave para garantizar el desempeño de los funcionarios públicos.
Y vale la pena decir que no se pone en duda la trayectoria y credenciales del primer Fiscal General de la República, pero la manera en que se da el nombramiento mina su autonomía al ser alguien tan cercano al Ejecutivo. Es por esta razón que una y otra vez, las declaraciones en torno al blindaje de los puestos clave en la administración pública son tan pertinentes. Mientras no se logren nombramientos plenamente autónomos, que vengan acompañados de criterios claros en la selección y exposición de motivos que permita comprender las motivaciones de los involucrados en el nombramiento, la burocracia seguirá siendo usada como botín político y, poner por delante el interés público, seguirá siendo un factor secundario para quienes llegan a esos puestos clave. Habrá que estar muy pendientes de la actuación de la Fiscalía General y de la manera en que se den los nombramientos de las Fiscalías Especializadas. También es muy importante estar atentos de los esquemas de profesionalización que se diseñen para la institución, mismos que han estado rezagados por décadas y son clave para garantizar el desempeño de los funcionarios públicos.