Por: Leslie Solís (@leslie_fs) y Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)
Si observáramos sin el cuidado necesario la información que arrojó la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, parecería que estados como Guerrero, Tamaulipas y Michoacán no tuvieron mayores problemas en términos de seguridad el año pasado debido a que reportaron bajas tasas de incidencia delictiva y de víctimas por cada 100 mil habitantes.
Pero esto no fue así. Aunque no en los niveles de 2010, varios municipios de Tamaulipas, al que podríamos llamarle el estado de las balaceras, continuaron siendo escenario de enfrentamientos armados a lo largo del año. Michoacán fue escenario de conflictos severos entre grupos de crimen organizado y las autodefensas, de tal manera que el gobierno federal decidió intervenir a principios de este año para tratar de controlar la violencia. Por su parte, en Guerrero se registró la mayor tasa de homicidio del país en 2013 de acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI: 63 por cada 100 mil habitantes, frente a una media nacional de 19.
Gráfica 1. Delitos por cada 100 mil habitantes, 2013
Lo que ocurre es que la incidencia delictiva, tal como se presenta en esta encuesta de victimización[1], es un fenómeno heterogéneo: esta encuesta incluye una amplia variedad de delitos que afectan a la sociedad de distinta manera y no únicamente a los delitos de alto impacto (como secuestro, extorsión, homicidio o robo con violencia). Si bien es cierto que ninguno es deseable y todos tienen efectos negativos en sus víctimas, ya sea de forma física, psicológica o económica, algunos delitos son más violentos que otros. Así, por citar un ejemplo, no es lo mismo un robo parcial de vehículo sin uso de violencia que un secuestro. En términos de salud, esto se traduciría de la siguiente manera: No es lo mismo un raspón que una fractura.
El análisis de la seguridad pública es una tarea en laque hay que adentrarse con detenimientoy para la cual la ENVIPE aporta un insumo irremplazable. En efecto, permite complementar las cifras de instituciones de seguridad pública sobre delitos para los cuales se inició una averiguación previa con cifras de delitos padecidosaunque no denunciados, así como datos sobre la manera en que se llevan a cabo ciertos actos delictivos, o incluso, la forma en que éstos afectan a las víctimas.
En Tamaulipas, por ejemplo, según la ENVIPE, la tasa de incidencia delictiva es menos de la mitad de la reportada a nivel nacional (19 mil 417 frente a 41 mil 563 por cada 100 mil habitantes). De hecho, es la segunda más baja, tan solo después de Chiapas (19 mil 215). Lo mismo ocurre con la prevalencia delictiva[2]: en Tamaulipas se registró una tasa de 17 mil 570 por cada 100 mil habitantes, frente a una nacional de 28 mil 224 –sólo arriba de Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, de acuerdo con los datos de registros administrativos del INEGI, la tasa de defunciones por presunto homicidio en Tamaulipas es de las mayores en el país (26 por cada 100 mil habitantes, frente a la media nacional de 19). Esto puede ayudar a entender otros datos arrojados por la ENVIPE para ese estado, donde rebasan el promedio nacional la proporción de la población que se siente insegura en su entidad (83.9 frente a 73.3por ciento a nivel nacional), la cifra negra (95.2 frente a 93.8), así como el porcentaje de delitos en los que el delincuente portó un arma de fuego (78 frente a 68.1). También cabe destacar que Tamaulipas fue el estado donde el mayor porcentaje de víctimas declaró haber sufrido un daño, ya sea físico, laboral, económico o psicológico, como consecuencia de un delito: 90 frente a 85.3 por ciento.
De igual manera, en Michoacán se registraron menores tasas de incidencia delictiva (25 mil 126 por cada 100 mil habitantes frente a 41 mil 563) y prevalencia delictiva (20 mil 002 frente a 28 mil 224) que a nivel nacional. No obstante, esta entidad presenta cifras más preocupantes en varios rubros, como la tasa de homicidios (20 por cada 100 mil habitantes frente a 19 a nivel nacional), la percepción de inseguridad (82 frente a 73.3 por ciento), o la cifra negra (94 ante la nacional de 93.8 por ciento).
En Guerrero, por su parte, los datos de la ENVIPE sobre incidencia y prevalencia delictivas sitúan a esta entidad por debajo de la media nacional. La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes fue de 35 mil 366 frente a 41 mil 563 a nivel nacional, mientras que la tasa de víctimas fue de 26 mil 002 frente a la nacional de 28 mil 224. Sin embargo, la tasa de homicidio de Guerrero es más de tres veces la registrada en el país: 63 frente a 19 por ciento. Además, fueron mayores al promedio nacional el porcentaje de la población que se siente insegura en la entidad (78.9 frente a 73.3 por ciento) y el porcentaje de delitos en los que los delincuentes portaron un arma de fuego (72.9 frente a 68.1). Finalmente, la mayor cifra negra en el país se registró en este estado, con un penoso 96.7 por ciento de delitos para los cuales no se inicia una averiguación previa.
Al comparar datos de distintas categorías de la ENVIPE 2014, como los que aparecen en la tabla anterior, queda claro que un indicador por sí solo, como la incidencia delictiva, no es suficiente para reflejar todos los aspectos relevantes para una agenda de seguridad pública. Además, como México Evalúa expuso en el documento Prevención del delito en México: ¿Dónde quedó la evidencia?, dentro de un estado se pueden registrar marcadas diferencias entre regiones, municipios, o incluso colonias y calles. Así, desagregar los datos de victimización a nivel estatal es muy valioso, pero la violencia y la delincuencia no impactan de la misma forma a toda la población de determinada entidad: es decir, hay zonas más inseguras que otras y es fundamental poder distinguir entre éstas.
No podemos quitar el dedo del renglón en cuanto a la necesidad de contar con información confiable desagregada a nivel de calle y colonias para tomar las mejores decisiones de política pública: actualmente ni siquiera la información referida a averiguaciones previas a nivel municipal es útil ni confiable para analizar el fenómeno a este nivel. El Informe Policial Homologado (IPH), que ya debería estar utilizándose en todo el país, contiene información que sería realmente útil no sólo para la evaluación de nuestras autoridades y el análisis criminológico, sino también para la planeación de estrategias de prevención y contención del delito. ¿Qué se necesita entonces para que Plataforma México –que contiene bases de información como el IPH o el registro nacional de detenciones, y que nos costará en 2015 la onerosa cantidad de mil 300 millones de pesos– comience a publicar las estadísticas que necesitamos? La ENVIPE nos da una pista de los estados a los que tenemos que mirar con atención, pero otros actores gubernamentales, como la Comisión Nacional de Seguridad, deben hacer su parte para construir el mapa delictivo del país al detalle que la actual situación de inseguridad demanda.
* Leslie Solís y Lilian Chapa Koloffon son Investigadoras del Programa de Seguridad Pública y Justicia de México Evalúa.
[1] La ENVIPE es una encuesta que el INEGI levanta desde 2011 entre la población de 18 años y más para recabar información sobre incidencia delictiva, cifra negra, las características del delito, su impacto económico y social, etcétera. Específicamente, la ENVIPE 2014 incluye datos sobre delitos que se catalogan en dos grandes grupos: victimización en el hogar y victimización personal. En el primero se incluyen robo total y parcial de vehículo, vandalismo y robo a casa habitación. En el segundo, robo o asalto en la calle o en el transporte público, otros robos, fraude, extorsión, amenazas, lesiones, secuestro y secuestro exprés, así como delitos sexuales y violación.
[2] La prevalencia delictiva corresponde a la tasa de víctimas.
Fuente: Animal Político
