La auto-postulación del alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva alias “Layín”, a la gubernatura de Nayarit es tan sólo un ejemplo de cómo en México la corrupción no se sanciona – a veces ni siquiera con el ejercicio del voto-sino que además contribuye a consolidar carreras políticas. Durante su campaña como candidato independiente, el alcalde de San Blas admitió haber robado del erario público pero “poquito”. En 2015 el polémico personaje hizo gala de su machismo organizando una masiva fiesta de cumpleaños en la cual humilló a una joven levantándole la falda y burlándose públicamente de ella ante lo cual se hizo acreedor a una queja formal iniciada por Conapred y a una recomendación de la Comisión de derechos humanos de Nayarit para que fuera sancionado por violencia de género. El Congreso local optó por un “regaño” en privado y ahora el polémico alcalde no desaprovecha evento público para estar abiertamente en campaña.
Casos como estos obligan a reflexionar sobre cómo corregir las fallas de un sistema cuya dispersión de normas, debilidad de procedimientos de investigación y ausencia de aplicación de sanciones funcionan como una auténtica maquinaria de impunidad. Si acaso funcionan, las sanciones por responsabilidad operan en la lógica de la revancha política sin investigaciones exhaustivas que permitan corregir o evitar que los casos vuelvan a suceder aunque en la mayoría de los casos los supuestos culpables acaban siendo indultados por falta de pruebas.
Por ello es que resulta relevante la iniciativa ciudadana que promueve la aprobación de una Ley General de Responsabilidades derivada de la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien es cierto que esta ley no será la varita mágica que acabe con un fenómeno tan complejo como lo es la corrupción, sí constituye una pieza clave del paquete normativo que la reforma mandata. Promovida bajo el sello de #Ley3de3 por diversas organizaciones sociales y académicas, esta propuesta es una auténtica redefinición del sistema de responsabilidades administrativas. Además de establecer definiciones para la distribución de competencias, fortalece las capacidades de investigación, establece políticas de integridad tanto para funcionarios como para empresarios involucrados con el ejercicio de recursos públicos, distingue las conductas sancionables por corrupción incluyendo el conflicto de interés, la colusión o el enriquecimiento oculto entre otros; define los grados de gravedad de las conductas, determina los derechos de los servidores públicos y define mecanismos de protección de denunciantes de actos de corrupción. (http://goo.gl/d5w72T)
La ruta larga de la iniciativa ciudadana requiere de un enorme esfuerzo de difusión, movilización y organización para lograr recabar 120 mil firmas. El camino se puede aprovechar para sensibilizar a la ciudadanía sobre las rutas posibles para exigir un combate de fondo y efectivo a la corrupción. También cabe la posibilidad de que los congresistas que ya han manifestado su inquietud por hacer del combate a la corrupción un tema prioritario en la agenda, hagan suya esta propuesta cumpliendo antes del 27 de mayo con la agenda pendiente en la materia.
Corolario: El equipo de la RRC felicita a Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura y del Diálogo A.C. por su décimo aniversario. Que cumpla muchos más. También felicita al CEMDA, CIDAC, CIDE, Ethos y FUNDAR por su reconocimiento como los mejores think tanks de México según el ranking realizado por la Universidad de Pensilvania. Enhorabuena.
