El día de hoy al mediodía, en el marco del Museo de Antropología, el CIDE junto con las 17 instituciones que lo acompañaron, entregarán al presidente Peña Nieto las recomendaciones que resultaron de los foros de consulta de justicia cotidiana. Con esta entrega se cumple uno de los puntos del decálogo de acciones en seguridad anunciado en noviembre de 2014, tras la crisis desatada por los acontecimientos de Ayotzinapa.
Por justicia cotidiana entendemos las instituciones y procedimientos que permiten que las personas tengan acceso efectivo y expedito a una justicia que les permita resolver los conflictos que surgen de la convivencia diaria. Estos incluyen los asuntos laborales, familiares, civiles, mercantiles, vecinales y administrativos. La materia penal no forma parte de la justicia cotidiana pues el uso legítimo de la fuerza implica lógicas e incentivos distintos a aquellos que involucran los conflictos cotidianos.
Los datos confirman que la preocupación presidencial sobre la que denominó como la “justicia olvidada” era más que acertada. Según el Censo Nacional de impartición de Justicia 2014 del Inegi, 87% de los 2 millones 142 mil 872 procedimientos iniciados en 2013 corresponden a asuntos de carácter civil, familiar y mercantil, mientras que la materia penal sólo alcanza 13% de ellos. Si además sumáramos los procedimientos laborales y administrativos, queda claro que la mayor parte de los conflictos que atienden los tribunales corresponden a ese universo que hemos llamado justicia cotidiana.
En apretada síntesis, los principales hallazgos de la consulta muestran que, a pesar de los avances que pueden constatarse en el marco institucional, la mayoría de los mexicanos no tienen un acceso adecuado a la justicia; que no existe una instancia capaz de articular las políticas de acceso a la justicia que se fragmentan en múltiples organismos, la gran mayoría del ámbito estatal; que no existen soluciones fáciles ni de corto plazo; y que uno de los problemas más graves que se identificaron es el gran desconocimiento que tienen las personas sobre sus derechos y las vías para ejercerlos. Pero la consulta también sirvió para aportar elementos que pueden contribuir a recomponer el panorama de la justicia en México. Hay 217 recomendaciones que no deben verse como ideas aisladas o definitivas, sino que constituyen las bases para el diseño de una política pública nacional en esta materia. Es urgente que se genere una instancia de diálogo y concertación entre los diferentes poderes y órdenes de gobierno que comparten la responsabilidad de asegurar que los ciudadanos tengan mecanismos expeditos y eficaces para resolver sus conflictos.
Proponemos como agenda prioritaria temas complejos pero urgentes tales como la creación de centros de asistencia jurídica temprana que podrían evolucionar para convertirse en defensorías públicas vigorosas y efectivas. Otros asuntos tocan materias particularmente sensibles hoy mal resueltas. Por ello, se recomienda modificar el diseño y operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como desarrollar e implementar rápidamente un nuevo modelo de justicia familiar.
El énfasis en la seguridad había ocultado que el problema no sólo se resuelve con policías, jueces y ministerios públicos. El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con la justicia, en particular con aquella que permite dar cauce y solucionar los problemas de todos los días. Sin resolverlos no podremos mejorar la calidad de vida de los mexicanos, fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, crear un entorno que favorezca el desarrollo económico, consolidar el Estado de derecho y combatir frontalmente impunidad y corrupción. La tarea no es sencilla ni inmediata, pero tenemos la oportunidad de comenzar a trabajar hoy.
Fuente: El Universal
