La aprobación en lo general del dictamen de la Ley de Comunicación Social, en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados abre espacios de discrecionalidad que preocupan en el ejercicio de los recursos para publicidad oficial. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas que integran el colectivo #MediosLibres han impulsado que el Congreso cumpla con el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia para que se legislara en la materia y, a su vez, han manifestado de manera reiterada las bases mínimas que deberían considerarse en esta nueva regulación: (Consulte aquí el manifiesto completo)
- La publicidad oficial no debe desaparecer
- Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno.
- Definir criterios de asignación basados en la idoneidad
- Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial
- Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating
- Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada
- La publicidad oficial debe ser siempre identificable
- Fomento a la pluralidad y a la diversidad
- Mecanismos de control eficaces
- Uso racional de los recursos públicos
Lamentablemente, la iniciativa no considera estos elementos y lejos de mejorar las condiciones para que el gasto en publicidad oficial deje de ser un elemento que coaccione la libertad de expresión, abre espacios de discrecionalidad, centraliza el gasto y concentra las decisiones en la Secretaría de Gobernación. Además, no se fomenta la pluralidad de los medios de comunicación. En medio del proceso electoral tomar decisiones en la materia resulta muy complicado y los acuerdos entre los actores políticos pueden ocasionar que esta ley quede muy lejos de cumplir con el objetivo de fomentar una prensa libre.
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas
