Argentina en 2001, al igual que diversos países europeos en los últimos años, hizo todo para seguir pagando su deuda. Ajustó el gasto, subió los impuestos y también organizó el llamado megacanje de deuda para postergar vencimientos a cambio de mayor capital e intereses más altos, de hasta el 16% anual. Todo para que los acreedores no sufrieran el recorte que padecían, en cambio, pensionados y empleados públicos. Aquel megacanje de junio de 2001, por el que los bancos organizadores cobraron comisiones por 150 millones de dólares, no sirvió para evitar la suspensión de pagos declarada en diciembre de aquel año en medio de una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de la historia argentina.
Un juez de Buenos Aires, Sebastián Ramos, determinó este viernes que ocho exfuncionarios responsables de aquel trueque de bonos por 53.000 millones de dólares deben ser procesados por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Los acusa de incrementar la deuda sin necesidad y de favorecer a los bancos organizadores del canje: el argentino Galicia, Santander, BBVA, Crédit Suisse First Boston (CSFB), HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney. Otro juez argentino había pedido en 2012 la captura internacional del exejecutivo de CSFB y exsecretario del Tesoro norteamericano David Mulford por su presunta responsabilidad en el megacanje. Otros banqueros han sido sobreseídos del caso.
Ahora, Ramos ha procesado a algunos funcionarios de carrera y a otros que tenían cargos políticos en el Gobierno del radical (centrista) Fernando de la Rúa (1999-2001), como Federico Sturzenegger, entonces secretario de Política Económica y actual diputado del conservador partido Propuesta Repúblicana (PRO), opositor al Ejecutivo de la peronista Cristina Fernández de Kirchner. También quedaron procesados el exsecretario de Hacienda Jorge Baldrich, el exasesor Horacio Liendo y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guillermo Mondino, actual economista de Citigroup para mercados emergentes en Estados Unidos. Los ocho acusados “no podían desconocer el normal proceder en materia de canjes de deuda externa en lo que atiene a sus respectivas especificidades, como así también debían tener la capacidad de advertir las irregularidades que se cometieron”, dijo el juez en su dictamen, según publicó el portal de noticias Infobae.
En la causa del megacanje ya estaba procesado el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que en el Gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999) había ocupado también ese cargo y había organizado como tal reducciones de plantillas de empresas públicas después privatizadas, había abierto la economía y había acabado con la hiperinflación de 1989/1990. De la Rúa había buscado a Cavallo como un salvador ante la crisis que padecía Argentina a principios de siglo, pero acabo hundiéndola. Ambos renunciaron en diciembre de 2001 y el siguiente presidente, el peronista Adolfo Rodríguez Saá, declaró la suspensión de pagos en su única semana de gobierno…
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