De un agujero negro, por definición, no escapa ni la luz. Esta singularidad se repite, con algunos matices, en el caso de las desapariciones forzadas en México. Un enorme pozo sin fondo cuya verdadera magnitud, como se está demostrando en las sesiones celebradas en el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, ninguna autoridad mexicana es capaz aún de aclarar.

La comisión, reunida en Ginebra y compuesta por 10 expertos, ha citado a una amplia representación de la sociedad civil y del Estado mexicano para revisar esta terrible práctica y elaborar un informe final con recomendaciones. Para ello, los especialistas de la ONU han inquirido una y otra vez sobre la cifra y la nacionalidad de las víctimas. Pese a la insistencia, no ha surgido una respuesta clara. La Subprocuraduría de Derechos Humanos señaló en la sesión del lunes que ahora mismo se está buscando a 11.309 personas; y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, en su informe, elevó el número de desaparecidos a 23.000.

A la sala donde se celebraron las sesiones acudió también una representación de la historia trágica de México, encarnada en Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos por policías municipales en Iguala y supuestamente asesinados por sicarios. Durante algunas comparecencias, movían ostensiblemente su cabeza en señal de negación. Al acabar, en los pasillos, exigieron justicia: “Queremos que se acabe este tormento”, dijo Bernabé. Las sesiones, por indicación del propio jefe de la delegación mexicana, el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez-Robledo, habían arrancado precisamente con un minuto de silencio por la tragedia de Iguala…

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