La noción de participación ciudadana en los procesos de fiscalización externa se remonta a fines del siglo XX. Diversas declaraciones de la Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la labor de su Comisión de Participación Ciudadana (CPC) han contribuido a su conceptualización y reconocimiento, favoreciendo el trabajo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en torno a esta temática. Ello se ha visto plasmado en los planes estratégicos institucionales e informes de un conjunto de EFS de la región. En consecuencia, el debate actual no se centra en si es necesaria la participación ciudadana en el proceso auditor y por qué. Luego de más de dos décadas desde la primera referencia sobre participación ciudadana en la fiscalización externa en una declaración de la Asamblea General de la OLACEFS, el interrogante es hasta qué punto y cómo se ha avanzado en la promoción de la participación ciudadana por parte de las EFS, y cuáles son los resultados a la fecha. Es decir, el interrogante se centra actualmente en torno al alcance y la profundidad de dicha participación ciudadana.
A partir de la realización de entrevistas en profundidad, presentación de solicitudes de información y la revisión de una diversidad de materiales, el análisis evidencia que la incorporación del término ‘participación ciudadana’ como un elemento para la fiscalización ha avanzado a un ritmo más rápido que su puesta en práctica.
La implementación de prácticas de participación ciudadana varía significativamente entre las EFS de la región en términos de su alcance y de su profundidad. En muchos casos, aún se limita a un ejercicio acotado – en general, a un tipo de práctica y/o a promover la participación durante una fase específica del ciclo de auditoría.
Empero, no se evidencia la existencia de una verdadera estrategia – con objetivos específicos, instrumentos e indicadores de resultados – sobre participación ciudadana vinculada a procesos organizacionales y de aprendizaje más amplios al interior de las EFS y una transformación profunda en la práctica de auditoría. Por ello, y transcurridos 20 años, cabe plantearse si realmente se continúa avanzando o existe un impasse en el abordaje de la participación ciudadana por parte de las EFS de la región.
En lo atinente al alcance de la participación ciudadana en la fiscalización conforme al ciclo de auditoría, salvo excepciones, existe un déficit significativo de prácticas y experiencias de participación en las EFS durante la fase de la ejecución de auditorías y del seguimiento a los hallazgos y recomendaciones emitidas por las EFS.
Con respecto a la profundidad de la participación ciudadana en la fiscalización, se evidencia un énfasis en el uso de canales de denuncias [aunque se carece de evaluaciones sobre su efectividad] y difusión de informes de auditoría, seguido por la sensibilización o capacitación a la ciudadanía. Sin embargo, según el modelo de madurez sobre participación ciudadana propuesto por la Declaración de la Asamblea General de la OLACEFS de Punta Cana en 2016, la práctica de denuncias ciudadanas está asociada con el nivel básico. Por otra parte, las EFS impulsan prácticas de naturaleza consultiva en vez de prácticas de carácter colaborativo, a diferencia de otros espacios innovadores para la participación como, por ejemplo, la Alianza para el Gobierno Abierto.
Por último, el número de EFS que emplea las nuevas tecnologías de información y comunicación para la participación y colaboración con la ciudadanía es limitado, más allá del uso de los canales de recepción de denuncias en línea y las redes sociales para difusión. Por ello, se plantea el interrogante sobre hasta qué punto las EFS se están adaptando a los cambios en materia de participación ciudadana.

Por: Marcos Mendiburu

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