En México, los informes de gobierno desde las delegaciones políticas del Distrito Federal hasta el municipio más recóndito, no son ni han sido un mecanismo que abonen a la rendición de cuentas. Aunque en teoría los informes debieran servir para brindar datos útiles sobre la gestión pública, el origen o las razones  de las decisiones,  y el destino claro de los recursos públicos, los informes –cada vez mejor producidos- son momentos para la foto,  el aplauso y la autopromoción.

Tras el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Peña es cada vez más evidente la necesidad de retomar una de las propuestas que hiciera, hace más de un año, la Red por la Rendición de Cuentas. Se trata de la forma en la cual los gobernantes debieran brindar información y dar cuenta de sus acciones a la ciudadanía.  Esta propuesta vinculada a la creación del “paquete evaluativo presupuestario” implica generar desde el proceso de planeación de las políticas públicas una serie de atributos e indicadores que permitirían monitorear el ejercicio y resultados de las acciones de gobierno incluidos los recursos que se gastan y los diagnósticos que los inspiran. Un diseño de este tipo permitiría reportar sobre datos concretos, dotando a los informes de gobierno del sentido y sustento que hoy en día carecen, acercándose más a un mecanismo útil de rendición de cuentas.

Excluida del discurso oficial, la exigencia del combate a la corrupción y de mayor rendición de cuentas continúa en el debate público. El país del Presidente Peña, no es el país que exige la ciudadanía. Y para muestra, un botón: en vísperas de la discusión legislativa sobre el presupuesto de egresos de la federación 2015, seis de las organizaciones de la sociedad civil con mayor reconocimiento en materia de incidencia de política pública exigieron acciones puntuales para aumentar la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto. Estas son: i) la publicación en  www.transparenciapresupuestaria.gob.mx de la documentación geo-referenciada de cualquier obra pública mayor a mil millones de pesos para que pueda ser auditada de manera aleatoria; ii) que en el siguiente reporte sobre ingreso-gasto la SHCP presente un análisis detallado sobre la progresividad/regresividad del IVA; iii) que se genere un inventario del total de las pensiones que existen en México como un primer paso para la construcción de un sistema nacional de pensiones equitativo que brinde información sobre el total de los pasivos, situación actuarial y fondeo; iv) que se modifique la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria para incluir las metodologías usadas en la elaboración de los criterios generales de política económica y las proyecciones fiscales, v) evitar el crecimiento de la deuda del sector público federal por encima del crecimiento económico; vi) evitar el crecimiento de plazas eventuales y de estímulos a trabajadores de gobierno; vii) hacer un análisis de reglas de asignación de recursos y operación de los 5 programas más regresivos en el próximo estudio ingreso-gasto de la SHCP; viii) regular el uso del ramo 23 y de los recursos provenientes de adecuaciones y modificaciones de último momento; ix) que todos los programas presupuestarios del gasto programable tengan una matriz de indicadores de resultados como primer paso para un verdadero presupuesto basado en resultados; x) incrementar la inversión en la formación continua docente por maestro (de 239 a 1000 pesos). (http://imco.org.mx/economia/10-propuestas-para-un-mejor-presupuesto-2015-via-mexico-como-vamos/)

Corolario: Esta semana se presentó el estudio La desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano auspiciado por el CONAPRED y realizado por destacados investigadores del CIDE. El estudio brinda indicadores sobre equidad, visibilidad e inclusión en los programas federales de 2010 a 2012 ante lo cual se cuenta con una herramienta para rediseñar programas y garantizar de manera más eficiente la igualdad de trato de todos aquéllos que son discriminados, viven en la desigualdad y para quienes en su vida cotidiana el ejercicio de derechos es solo una promesa plasmada en la Constitución.