A pesar de las buenas intenciones y los discursos, en los hechos el gobierno de México continúa sin materializar e, incluso, pretende imponer limitaciones a la visita del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. El próximo 30 de agosto, día de conmemoración internacional de las víctimas de desaparición forzada, se cumple un año de que el Subsecretario Alejandro Encinas presentara un plan de 7 acciones para apoyar a las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Dicho plan fue presentado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera y en ese mismo acto el plan fue refrendado por el presidente. La tercera de las acciones contempladas por el plan fue “la invitación oficial al Comité contra la Desaparición Forzada para que realice una visita oficial en México en el segundo semestre del año 2020. Es la solicitud que ha quedado pendiente por parte de Naciones Unidas, es una solicitud que se presentó en el 2013 y que recurrentemente el gobierno anterior se negó a dar”.1
La visita no ha ocurrido en gran medida porque el gobierno de México quiere una visita descafeinada, con limitaciones al marco de actuación del Comité. Conforme a la Convención de la ONU en materia de Desapariciones Forzadas, el Comité es el responsable de vigilar y garantizar que los países cumplan con las obligaciones que les impone la Convención, sobre todo vigilar que se proteja y garantice el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Para cumplir con este mandato, según el artículo 33 de la Convención, el Comité puede realizar visitas a los países cuando “recibe información fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones” de la Convención. El mismo artículo establece que la visita debe realizarse de común acuerdo con el Estado, pero una vez que la visita es aceptada por éste y se define su objetivo, el país de que se trate debe ofrecer “todas las facilidades necesarias para su desarrollo”.
En distintas reuniones con colectivos de familiares de personas desaparecidas, representantes del gobierno mexicano insisten en que se acepta la visita del Comité, pero condicionada a que se trate de una visita de asistencia técnica, fuera del marco que establece el artículo 33 de la Convención. Lo anterior significa que el Gobierno de México no está dispuesto a aceptar una visita motivada por la existencia de violaciones graves en materia de desapariciones forzadas. A estas alturas, con una cifra que rebasa las 90 mil personas desaparecidas (poco más de 21 mil en esta administración), y con miles de fosas clandestinas y cuerpos de personas sin identificar, es insostenible que el Estado mexicano se niegue a una visita para evitar que se exponga la gravedad de la situación de las desapariciones en el país.
Esta postura no sólo es una franca contradicción con la política de reconocimiento del problema que había caracterizado a la llamada 4T, sino que se siente como una traición para las miles de víctimas que creían haber dejado atrás los tiempos de la indolencia y la negación. Esta regresión es difícil de entender, detrás de ella, quizá, haya algo más, como la resistencia de poderes fácticos que históricamente se han valido del abuso del poder y la impunidad para actuar.
* Humberto Guerrero es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
