Por Bibiana Maciel López*

 Baja California, fue el último Estado de las 32 Entidades Federativas, en contar con una Institución que garantizara el derecho de acceso a la información y la transparencia, es así que el primero de Junio del 2011, nació el Instituto de Transparencia y acceso a la información pública de Baja California con un presupuesto de 4.5 millones de pesos para el primer semestre de operación. Los siguientes 3 años sería de 10.5 millones de pesos.

Se designaron a tres Consejeros titulares y un suplente, iniciando con grandes retos de tipo administrativo y operativo, al tener que contratar personal, encontrar una ubicación y construir las bases institucionales, una tarea compleja. A la par, había que generar el marco normativo inicial para los sujetos obligados.

En la entidad, el proceso de selección de Consejeros que integrarían el primer pleno, contó con una amplia difusión que se vio reflejada en la participación de más de 160 aspirantes a ocupar dicho cargo. Apegado al principio de máxima publicidad, se realizaron entrevistas públicas y abiertas ante un Comité evaluador y las entrevistas fueron difundidas en diversos portales de medios de comunicación.

La renovación de los plenos de los órganos garantes de transparencia no es un asunto menor. Por su naturaleza colegidada y razón de existir, debe de contar con un método congruente que le permita alcanzar la necesaria autonomía y legitimidad institucional que solo la sociedad otorga, en razón de ello es necesario contar con un modelo ejemplar, que garantice a la sociedad el principio de máxima apertura y transparencia en todo el ciclo del proceso.

Otro aspecto a destacar en la conformación de los órganos garantes, son los perfiles profesionales de las y los Consejeros-Comisionados, son varias las voces a nivel nacional que apuestan a que la integración de estos sea por profesionales de diversos campos de estudio , en los 32 órganos de las 32 entidades federativas. Hoy en día existen, por citar algunos campos profesionales; las ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias administrativas, ciencias políticas, comunicación, educación y por supuesto, derecho.

Estoy convencida que en la diversidad de perfiles hay una riqueza social, que ha abonado a construir criterios institucionales con una visión más ciudadana y cercana a la sociedad, sin embargo, hay una exigencia mínima que deber prevalecer en los perfiles seleccionados a ocupar tan alto honor: la vocación de servicio público.

A cuatro años de haberse constituido como el ultimo órgano garante del derecho de acceso a la información pública en México, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC), debe refrendar su compromiso de garantizar que todos los aspectos relacionados con el ejercicio de la función pública estén abiertos a la supervisión de la sociedad.

Mi compromiso como Consejera fue permanente con los organismos de la sociedad civil, al abrir espacios de diálogo, participación y deliberación, promoviendo la colaboración y participación ciudadana, aprovechando el potencial y la energía disponible en diversos sectores de la sociedad.

Tradicionalmente, por diversas razones, los órganos garantes del derecho de acceso a la información se habían enfocado en gran medida a atender los procesos contenciosos de los recursos de revisión, más allá de promocionar la participación ciudadana y gestionar la transparencia proactiva, hoy esto ha cambiado significativamente ante el nuevo modelo de gobernanza llamado Gobierno Abierto y ante una mayor sensibilidad de los Institutos y Comisiones de Transparencia.

En razón de ello, es que desde el ITAIPBC impulsamos y encabezamos dos proyectos ciudadanos: el desarrollo obligatorio de sesiones del Pleno en recintos universitarios, con el objetivo de socializar entre los jóvenes el derecho de acceso a la información pública. Al deliberar públicamente las decisiones del Pleno, es decir decisiones de autoridad, se logró generar un vínculo de mayor confianza por parte de la ciudadanía en la Institución.

El segundo proyecto que nace para impulsar la participación ciudadana, fue la creación de la red ciudadana por la transparencia REDxT, integrada por más de 20 instituciones: organismos de la sociedad civil, grupos de profesionistas, cámaras empresariales y la academia, forman parte de esta red estatal cuyo objetivo es promover la transparencia, así como generar un espacio de encuentro para estimular propuestas ciudadanas a favor de la rendición de cuentas.

Secretariado técnico tripartita de gobierno y parlamento abierto en Baja California

Uno de los principales retos que enfrenta el país para avanzar en el tema de parlamento abierto, es sensibilizar y llevar la discusión a las entidades federativas. La construcción de una nueva relación entre ciudadanos y representantes, requiere del establecimiento de compromisos puntuales por parte del legislativo para garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la labor legislativa; así como de organizaciones civiles con habilidades y destrezas para coadyuvar a la promoción y adopción de mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el legislativo.

Baja California fue el quinto Estado a nivel nacional, que se integró a los trabajos convocados por el INAI y la Comisión de Gobierno Abierto, presidida por el Comisionado Joel Salas. Para ello y siguiendo una ruta de trabajo, se integró el secretariado técnico tripartita local, donde sociedad civil, gobierno y el órgano garante, han generado una propuesta de trabajo, focalizada en un primer momento a transparencia legislativa. Aún se encuentra en proceso de revisión y de que mas actores de la sociedad civil se integren para enriquecer la propuesta.

Gracias a la vinculación con el INAI, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana del Congreso de Baja California y la oficina en México del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), la agenda de Parlamento Abierto en Baja California es hoy en día una realidad.

El primer nivel de participación ciudadana, es la información, en razón de ello es que debemos seguir trabajando por una mayor participación de la sociedad en el ejercicio de su derecho humano a saber, porque una sociedad informada es una sociedad empoderada, y todos los que en algún momento ostentamos el cargo de comisionado/da de transparencia, nos debemos a ella….lección aprendida.

*La autora fue consejera ciudadana del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California en 2011-2015.