Senadores y especialistas en materia de archivos coincidieron en la necesidad de impulsar una Ley General de Archivos que garantice los derechos de los ciudadanos para acceder a la información pública, maximizar el acceso público a los archivos históricos y preservar la memoria histórica del país, a fin de mejorar los procesos de transparencia y de rendición de cuentas.

Durante el Seminario Ley General de Archivos: La preservación de la memoria colectiva y el derecho a la verdad en México,  realizado en el Senado de la República, el Senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseguró que esta ley es fundamental, ya que de ella depende la buena implementación y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos para acceder a la información pública.

En este sentido, sostuvo que esta legislación sentará las bases para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, “pues representa la piedra nodal de un conjunto de reformas”.

Precisó que para que haya información tiene que estar en buen resguardo, sistematizarse y plenamente establecer las responsabilidades de los sujetos obligados, a fin de generar, organizar y poner a disposición de los ciudadanos la información a la que tienen derecho de acceder.

El derecho a la información, la protección de datos personales, la memoria y la verdad, representan la piedra angular de esta ley, por ello hemos puesto en el centro de atención, la identificación puntual de los sujetos obligados y de los órganos garantes que deben crear las condiciones para que sean ejercibles los derechos de los ciudadanos, manifestó el legislador.

En su oportunidad, la senadora Laura Rojas Hernández dijo que la ley permitirá generar los mecanismos adecuados para preservar la memoria histórica del país. Agregó que la construcción de la ley general debe tener tres enfoques: ética para la memoria histórica, estar orientado a incrementar la calidad de la democracia con información, y tomar en cuenta a la gestión pública.

La senadora Cristina Díaz Salazar señaló que la Ley General de Archivos permitirá la preservación la memoria colectiva y el derecho a la verdad en el país; además, avanzar hacia un modelo de gestión documental que otorgue herramientas útiles para la toma de decisiones a los ciudadanos. Asimismo, apuntó que es importante regular y promover la administración eficiente de los archivos públicos, con la finalidad de mejorar los procesos de transparencia y de rendición de cuentas; y promover la cultura archivística, que demanda el patrimonio documental, “que es de todos”.

En su participación, Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo General de la Nación,  dijo que es indispensable llevar a cabo la armonización de la Ley General de Transparencia, la de Archivos y la de Protección de Datos Personales, ya que los archivos entendidos como sistema o recursos informativos son la materialización del poder del Estado y el lenguaje a través del cual hablan las instituciones; aseguró que a los archivos les corresponde garantizar que la información sea accesible, inteligible, auténtica, segura e integra, ya sea pública o reservada, por lo que es necesario que al mismo tiempo que se promulgue esta ley, se les dote con las capacidades presupuestales, recursos humanos e infraestructura tecnológica que permitan el cumplimiento de la misma.

De Vega Armijo subrayó que la tarea es gigantesca y consiste en: poner en orden toda la información, preservar nuestro patrimonio documental y consolidar el derecho de acceso del derecho a la información, expresó.

En su ponencia, el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios, afirmó que el marco regulatorio en materia de archivos debe tener como una de sus finalidades primordiales la garantía del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad mexicana en su conjunto. Además, señaló que se debe maximizar el acceso público a los archivos históricos, particularmente a aquellos que contienen información sobre violaciones graves a los derechos humanos, pues su acceso contribuye a la prevención, siendo una herramienta educacional de las futuras generaciones en contra de la negación.

Peña Palacios advirtió que la utilización de información para fines de investigación criminal no debe ser un obstáculo para el acceso a archivos que contiene violaciones graves a los derechos humanos; en todo caso se deberán tomar las medidas que permitan proteger los datos de las víctimas y la integridad de estas. Sugirió que se deben otorgar las facilidades y construir las capacidades, a fin de que el público en general y particularmente las víctimas, reporteros, defensores de derechos humanos, investigadores académicos, puedan tener acceso efectivo a la información, concluyó.

En su participación, Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, refirió que el proyecto de ley reconoce al Archivo General de la Nación como rector de la política archivística del país; se reconoce a los archivos como el primer eslabón de la rendición de cuentas, como soporte principal de la información que pertenece a la sociedad y sustento no sólo de la memoria histórica sino también de la memoria institucional del país, el tratamiento de los archivos ya es visto como la posibilidad de construir la memoria colectiva y privilegiar el control social sobre la misma, en el anteproyecto, destacó, ya se ven los archivos como algo más allá de los acervos de caracter histórico; ya se habla de un Sitema Nacional de Archivos, con principios bases y procedimientos en los tres ordenes de gobierno; se habla de los archivos como herramienta de promoción de derechos humanos;  hay una visión integral de la gestión documental, sin archivos no podemos tener acceso a la información.

La también profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas celebró que la ley incluya un apartado donde se estipulan los procesos de entrega-recepción de archivos vinculados a la legislación, en materia de responsabilidades públicas, ya que actualmente desaparecen los archivos cuando existe la alternancia política en los cargos públicos.

Areli Cano Guadiana, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), explicó que la articulación del Archivo General de la Nación, como la instancia que se encargará de dirigir la administración y organización archivística de los tres niveles de gobierno, contribuirá con el sistema nacional de transparencia para lograr sus objetivos.

Planteó que ambos organismos podrían gestionar acuerdos interinstitucionales para intercambiar conocimientos en materia archivística, con la finalidad de fortalecer su labor; así como impulsar la digitalización de la información generada, con motivo del ejercicio de las funciones y atribuciones de los sujetos obligados.

Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Derecho a la Información, Artículo 19, México, señaló que los archivos históricos deben ser considerados como fuentes de acceso público, asegurando su máxima publicidad.

Con información de Comunicación Social del Senado de la República y RRC