El Senado alcanzó anoche un acuerdo para que la nueva Ley General de Transparencia permita al Instituto Nacional de Acceso a la Información (IFAI) abrir toda la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, sin esperar la calificación de la CNDH.

Los senadores del PAN, Laura Rojas; del PRD, Alejandro Encinas, y del PVEM, Pablo Escudero, confirmaron el acuerdo que quedó plasmado en proyecto de dictamen, que será aprobado esta mañana en comisiones unidas, para después turnarse al Pleno.

Rojas explicó que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

“Se eliminó la palabra investigación de la redacción para dejar en claro que se podrá abrir toda la información relacionada con esos hechos”, explicó.

Encinas sostuvo que, con las últimas modificaciones, el IFAI no dependerá de una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para determinar que los datos podrán ser públicos.

“Se elimina cualquier condicionamiento y los órganos autónomos deberán poner a disposición del público toda la información relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos sin que medie la resolución de ninguna autoridad. No tendrán que esperar a la CNDH”, dijo.

Según el legislador, de aprobarse la nueva disposición no habrá ninguna restricción para conocer la información sobre violaciones graves, que constituyen casos con alto impacto social.

Los senadores recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute actualmente una controversia relacionada con el tema y adelantaron que permanecerán atentos a la resolución para determinar si tendrá algún impacto en el nuevo marco legal.

Por otro lado, en la recta final de las negociaciones, la Oposición también alcanzó un acuerdo con el PRI para que la Ley General de Transparencia prevalezca sobre el resto de las disposiciones vigentes.

En contraste, el PAN y el PRD aceptaron redacciones “intermedias” para otros temas que aún carecían de consenso.

En el caso de las instituciones responsables de la seguridad nacional, aceptaron que sea directamente el sujeto obligado el que clasifique la información y no un comité de transparencia como habían propuesto inicialmente.

Rojas detalló también que las averiguaciones previas podrán ser reservadas, pero siempre deberá aplicarse la prueba de año para justificar la decisión de no hacer pública la información.

El PRD pidió que hoy sólo se dé primera lectura para poder revisar el documento, de manera minuciosa, con la intención de aprobarlo hasta el próximo martes 17 de marzo.

Fuente: Reforma